Por: Neftali Hernandez Pereira
Un tribunal de Santa Ana sentenció a 14 años de prisión a un miembro del ejército salvadoreño, identificado como J. F. V. C., tras hallarlo culpable del delito de violación en menor e incapaz. El uniformado utilizó su posición de autoridad para intimidar a una niña de 12 años de edad en una comunidad rural de Santa Rosa Guachipilín, departamento de Santa Ana, según estableció la Fiscalía General de la República (FGR) durante el proceso judicial.
#JusticiaSV⚖| 𝟭𝟰 𝗮𝗻̃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗱𝗮𝗱𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗲𝘁𝗶𝗼́ 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝗻 𝗺𝗲𝗻𝗼𝗿 𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗮𝗽𝗮𝘇
— Centros Judiciales El Salvador (@JuzgadosSV) May 14, 2025
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 14 años de cárcel al soldado identificado con… pic.twitter.com/FVpnS7OOpY
La jueza que presidió el caso determinó, además de la pena principal de privación de libertad, la inhabilitación absoluta de los derechos ciudadanos del condenado por el mismo período, subrayando la gravedad del abuso de poder institucional ejercido contra una menor en condición de vulnerabilidad. La sentencia representa uno de los casos más severos contra miembros de cuerpos de seguridad por delitos sexuales registrados en el occidente del país durante los últimos años.
Cronología del caso
El expediente judicial documentó que el primer contacto entre el militar y la víctima ocurrió durante un operativo rutinario de patrullaje en la zona rural de Santa Rosa Guachipilín. Durante esta interacción, J. F. V. C. aprovechó para intercambiar números telefónicos con la adolescente, iniciando una comunicación que posteriormente derivaría en acoso.
Días después del contacto inicial, el soldado comenzó a ejercer presión sobre la menor mediante amenazas directas. Según consta en la denuncia, el militar advirtió a la niña que confiscaría la motocicleta perteneciente a su hermano si no accedía a sus exigencias de carácter sexual, utilizando así su investidura militar como mecanismo de coacción.
El 1 de julio de 2024, el soldado consumó el delito de violación en un sector aislado de la localidad, aprovechando tanto su posición de autoridad como la situación de vulnerabilidad de la menor. La familia de la víctima presentó la denuncia ante las autoridades competentes días después, tras conocer los hechos por revelación de la propia adolescente.
La Policía Nacional Civil (PNC) efectuó la captura del implicado el 20 de septiembre de 2024, tras una investigación que incluyó la recolección de evidencias físicas, testimoniales y análisis forenses que confirmaron la versión de la víctima. El caso fue instruido bajo reserva total para proteger la identidad de la menor afectada.
Concluidas las fases procesales correspondientes, la jueza emitió la sentencia condenatoria, destacando en sus considerandos la particular gravedad que reviste el abuso de autoridad en este tipo de delitos, así como la condición de especial protección que el Estado debe garantizar a niñas, niños y adolescentes.
Análisis del contexto
Un análisis sobre los mecanismos legales y sociales que permiten o combaten los abusos sexuales dentro de las fuerzas armadas y policiales revela importantes desafíos institucionales.
Este caso se integra a un patrón documentado de abusos sexuales cometidos por miembros de cuerpos de seguridad en El Salvador, incluyendo tanto elementos del Ejército como de la Policía Nacional Civil. Las estadísticas oficiales, aunque incompletas por el alto subregistro característico de los delitos sexuales, muestran un preocupante número de denuncias contra efectivos de seguridad pública en los últimos cinco años.
La @FGR_SV presenta este día requerimiento fiscal contra 6 miembros de la Fuerza Armada, acusados de Privación de Libertad Agravada, Violación en menor e incapaz Agravada y Agresión Sexual.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2023
➡️Héctor Ovidio Alvarado Rivera, como autor directo de los hechos.
➡️René Alfredo… pic.twitter.com/3WUdWO8kKm
El Ministerio de Defensa ha implementado protocolos de actuación y códigos de conducta específicos para prevenir este tipo de comportamientos entre sus filas. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos señalan deficiencias en su aplicación efectiva, particularmente en operativos realizados en zonas rurales alejadas de los centros urbanos, tal es el caso de una violacion hacia una menor realizada en Mizata municipio de La Libertad Costa.
A solicitud de la @FGR_SV trasladamos al sargento de la Fuerza Armada, Héctor Ovidio Alvarado y a 5 soldados, desde las bartolinas de Conchalío, hacia el Juzgado de Paz de Teotepeque, La Libertad.
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 29, 2023
Alvarado es acusado de privación de libertad agravada, violación en menor e… pic.twitter.com/fLnOui0wTi
La prevalencia de estos casos resulta especialmente problemática en regiones como Santa Rosa Guachipilín y otros municipios rurales, donde la presencia institucional es limitada y el acceso a mecanismos de denuncia y protección presenta obstáculos significativos para las víctimas.
Las investigaciones sociológicas han identificado factores que contribuyen a esta problemática, entre ellos la cultura institucional jerarquizada, la normalización de conductas machistas, y la percepción de impunidad que históricamente ha caracterizado ciertos comportamientos dentro de las instituciones de seguridad.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha documentado que las mujeres y menores de edad en comunidades rurales enfrentan vulnerabilidades específicas ante los operativos de seguridad, sin contar frecuentemente con mecanismos efectivos para denunciar abusos de autoridad.
El caso de J. F. V. C. ejemplifica cómo la utilización del uniforme y la autoridad institucional pueden convertirse en herramientas de coacción sexual, aprovechando desbalances de poder significativos, especialmente cuando las víctimas son menores de edad.
Organizaciones como La Organizacion de las Mujeres por la Paz (ORMUSA) han impulsado programas de capacitación en perspectiva de género para funcionarios de seguridad pública. No obstante, estos esfuerzos formativos enfrentan resistencias culturales profundamente arraigadas en las instituciones castrenses.
La sentencia dictada contra J. F. V. C. representa un precedente judicial significativo, al reconocer la especial gravedad que reviste el abuso sexual cuando es cometido por agentes estatales encargados precisamente de la protección ciudadana.
La inhabilitación de derechos ciudadanos impuesta como pena accesoria busca enviar un mensaje institucional sobre las consecuencias permanentes que deben enfrentar quienes traicionan la confianza pública depositada en los cuerpos de seguridad.
La Fiscalía General de la República ha establecido unidades especializadas para la investigación de delitos sexuales cometidos por funcionarios públicos, aunque los recursos asignados resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.
Las estadísticas nacionales muestran una correlación entre las zonas de mayor presencia militar y policial por operativos especiales y el incremento de denuncias por delitos sexuales atribuidos a miembros de estas instituciones.
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