Por: Neftali Hernandez Pereira
El gobierno de Bukele, a través de su Cancillería, presentó formalmente una nueva propuesta para negociar el intercambio de presos comunes retenidos en El Salvador por ciudadanos venezolanos considerados “presos políticos”, en un intento por reactivar un diálogo que había sido rechazado inicialmente por San Salvador. La iniciativa, respaldada por el presidente Nicolás Maduro, busca equilibrar la diplomacia humanitaria con presiones internacionales, mientras organizaciones de derechos humanos exigen transparencia en el proceso.
Señor @NicolasMaduro,
— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 22, 2025
Usted declaró ayer que no aceptará nuestra propuesta de intercambio de prisioneros. Sin embargo, su negativa carece de coherencia.
Usted mismo ha realizado este tipo de intercambios en el pasado. Incluso llegó a liberar a 30 presos políticos a cambio de… https://t.co/fIz8jiLpPe pic.twitter.com/HQsINVEuhz
Tras el fracaso de la primera oferta de Nayib Bukele en 2023 para intercambiar presos comunes por opositores venezolanos, la tensión bilateral persiste mientras decenas de venezolanos en cárceles salvadoreñas enfrentan deportaciones bajo una ley migratoria estricta y condiciones carcelarias criticadas por su dureza, en medio de un contexto regional de disputas políticas y humanitarias.
Según confirmaron fuentes diplomáticas venezolanas, el presidente Nayib Bukele instruyó a la Cancillería enviar una nota diplomática formal al gobierno salvadoreño proponiendo un mecanismo para el intercambio de ciudadanos venezolanos detenidos en territorio salvadoreño por personas que Caracas cataloga como “presos políticos”.
La propuesta incluye garantías jurídicas y un sistema de supervisión internacional para verificar la transparencia del proceso. Un funcionario de la embajada venezolana en Centroamérica, quien solicitó mantener su identidad en reserva, indicó que “esta iniciativa representa un esfuerzo por reanudar el diálogo bilateral suspendido desde 2023 sobre bases constructivas”.
El documento transmitido por vías diplomáticas formales establece un marco preliminar para la identificación de los posibles beneficiarios y propone la creación de una comisión técnica binacional que establecería los criterios de elegibilidad.
La Cancillería salvadoreña ha mantenido hermetismo sobre su respuesta oficial. Fuentes cercanas al Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron que El Salvador ha solicitado información detallada sobre la identidad de los presos comunes venezolanos y la naturaleza de los delitos por los que fueron procesados antes de emitir un pronunciamiento.
El viceministro de Justicia salvadoreño expresó en una rueda de prensa que “cualquier negociación debe tener como prioridad la seguridad nacional y garantizar que no se libere a personas vinculadas con estructuras criminales transnacionales”. Esta declaración refleja la preocupación de las autoridades salvadoreñas por el perfil de los posibles candidatos al intercambio.
La propuesta venezolana llega en un momento complejo para las relaciones diplomáticas entre ambos países, marcadas por diferencias ideológicas y señalamientos mutuos sobre la situación de derechos humanos.
Cronología de una negociación interrumpida
La génesis de esta negociación se remonta a febrero de 2023, cuando el presidente Nayib Bukele sorprendió a la comunidad internacional al ofrecer públicamente la liberación de ciudadanos venezolanos encarcelados en El Salvador por delitos menores. La condición: que el gobierno de Maduro liberara a opositores recluidos en Venezuela.
El ofrecimiento de Bukele se produjo durante la inauguración del Centro de Confinamiento de Terrorismo, conocido como CECOT, cuando declaró que “Venezuela puede recuperar a sus ciudadanos que han cometido errores en nuestra nación a cambio de la liberación de presos de conciencia”.
La respuesta de Caracas fue inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano emitió un comunicado calificando la propuesta de “injerencista” y reiterando la posición oficial de que “en Venezuela no existen presos políticos sino personas procesadas por delitos contra la seguridad nacional”.
En abril de 2023, tras presiones de organismos internacionales, Bukele modificó su propuesta inicial para incluir solamente a presos venezolanos condenados por crímenes no violentos. Esta rectificación generó un breve acercamiento diplomático entre ambos gobiernos.
Un punto crítico en la negociación fue la ausencia de un mediador neutral. Venezuela propuso a Cuba como facilitador del diálogo, mientras El Salvador sugirió a Colombia. La falta de consenso sobre este aspecto provocó la suspensión indefinida de las conversaciones en agosto de 2023.
Hasta finales de 2023, el diálogo permaneció congelado, con comunicaciones esporádicas a nivel de embajadas que no lograron avances significativos. La actual propuesta venezolana representa el primer intento formal de reactivar la negociación desde entonces.
Entre cárceles y deportaciones
Los registros oficiales del Instituto Salvadoreño de Migración indican que aproximadamente 238 ciudadanos venezolanos permanecen detenidos en diversos centros penitenciarios de El Salvador. De estos, 175 se encuentran bajo procesos administrativos de deportación según la Ley de Extranjería salvadoreña.
Esta legislación migratoria, reformada durante la administración Bukele, permite la expulsión expedita de extranjeros, incluso sin contar con una condena firme, cuando se considere que representan un “riesgo para la seguridad nacional”. El procedimiento ha sido cuestionado por organizaciones internacionales de derechos humanos por presuntas irregularidades procesales.
El documento señala problemas de hacinamiento, restricciones severas de visitas consulares, denuncias de torturas y limitado acceso a representación legal adecuada. La representante regional de ACNUDH manifestó que “Las condiciones observadas podrían constituir violaciones a los estándares internacionales de tratamiento a personas privadas de libertad”.
Por su parte, el gobierno salvadoreño ha defendido su política penitenciaria como parte de su estrategia de seguridad nacional. El director general de Centros Penales declaró que “todos los reclusos reciben el mismo trato sin importar su nacionalidad, conforme a los protocolos institucionales”.
Un aspecto preocupante para organizaciones humanitarias es la situación que enfrentan los venezolanos deportados al regresar a su país. Testimonios recopilados por la ONG Foro Penal indican que muchos deportados son sometidos a interrogatorios extendidos por autoridades venezolanas sobre su vinculación con el éxodo migratorio y sus actividades en el exterior.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado inquietud por la falta de garantías en ambos extremos del proceso. Su relatora para Venezuela señaló que “cualquier mecanismo de intercambio debe contemplar salvaguardas para evitar retornos que pudieran poner en riesgo la integridad personal de los afectados”.
Cancillería de #Venezuela responde nota salvadoreña con pruebas de graves violaciones de los DDHH a migrantes venezolanos cuestionando la propuesta de Bukele en «canjear» criminales juzgados en Venezuela por los 252 venezolanos SECUESTRADOS en una cárcel de máxima seguridad en El… pic.twitter.com/G4owpjSdQ7
— Alejandra Castillo 🇻🇪 (@alejabolivarian) April 23, 2025
En este contexto, la reciente propuesta venezolana establece un mecanismo de verificación internacional que incluiría observadores de la Cruz Roja Internacional y representantes diplomáticos de países garantes. Esta supervisión tendría como objetivo documentar las condiciones de traslado y recepción de las personas intercambiadas.
La cuestión permanece en el ámbito diplomático mientras organizaciones civiles de ambos países exigen mayor transparencia sobre los criterios de selección y las garantías para quienes podrían ser transferidos bajo este mecanismo. El diálogo bilateral enfrenta el desafío de conciliar posiciones históricamente distantes en un escenario regional marcado por tensiones políticas y crisis migratorias.
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