Por Alessia Genoves
Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, señala a las administraciones de la Alcaldia de Santa Tecla del FML y de ARENA de presuntas estadas en contra de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Bosque de Responsabilidad Limitada (Ascorbos).. El caso que involucra al ingeniero Luis Alonso Palomo Urbina, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de estafa agravada por un monto de US$350 mil contra Ascorbos.
La controversia jurídica ha derivado en el desalojo de 300 familias campesinas, quienes según la FGR “todos son campesinos, que todos tienen bajo grado de escolaridad, y alguno incluso no saben ni leer ni escribir”, y que protagonizaron protestas frente a la residencia presidencial que culminaron con detenciones policiales. Si bien, la orden de desalojo fue suspendida, tras la intervención del Órgano Ejecutivo, el caso no se detuvo ahí. Bukele anunció el envío a la Asamblea Legislativa del proyecto de Ley de Agentes Extranjeros con un impuesto del 30% sobre donaciones a ONG para financiar una solución al caso.
Bukele señala al FMLN y ARENA
Bukele detalló, en sus declaraciones del 15 de mayo de 2025, el proceso de pérdida de las 384 manzanas adjudicadas originalmente por el ISTA a la Cooperativa El Bosque en 1985. Según el mandatario, la alcaldía de Santa Tecla gobernada por Óscar Ortiz del FMLN firmó en 2013 un “Convenio de Cooperación Mutua con la cooperativa” comprometiéndose a pagar la deuda de US$366,613.54 con el Banco Agrícola “a cambio de 130 manzanas de terreno”. El presidente calificó esta transacción como “NEGOCIAZO”, señalando que “el 21 de octubre de 2013, la alcaldía pagó los $366,613.54 al Banco Agrícola, saldando por completo la deuda”.
La situación se agravó durante la administración de ARENA, según Bukele, quien indicó que “en 2017, la alcaldía ya estaba en manos de ARENA (Roberto D’Aubuisson)” y “la narrativa cambió: ‘Como se tardaron en trasladar la propiedad, ahora nos deben más tierra'”. El resultado fue que “el 11 de diciembre de 2017, la cooperativa transfirió 197.07 manzanas a la alcaldía, en lugar de las 130 que formaban parte del trato original, por el mismo monto pagado en 2013”. Bukele enfatizó que esta operación constituyó “otro NEGOCIAZO” pues no recibieron “ni un dólar extra”, resultando en que “la alcaldía de Santa Tecla se quedó con el 51.4% de las tierras mientras que la cooperativa se quedaba luchando por retener el 48.6% que aún le quedaba”.
Un ejemplo de cómo funcionan las ONGs, la política tradicional y las reformas agrarias en Latinoamérica:
— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 16, 2025
¿Cómo se pierden 384 manzanas de tierra?
¿A la fuerza? No. ⁰¿Con balas? No.
Empiezo 🧵… pic.twitter.com/pzvrQZD6N3
Respecto al ingeniero Palomo Urbina, el presidente confirmó que “en 2018, el juicio con PROYIN llegó a su desenlace” cuando “el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla emitió sentencia firme contra la cooperativa” ordenando el pago de US$131,342 en concepto de capital, más intereses acumulados del 12% anual desde 2008 y 3% de interés moratorio mensual. Bukele señaló que “en 2020, la FGR inició un proceso de estafa contra Luis Palomo” y que “en 2022 fue capturado”, pero posteriormente “demostró que existía un contrato válido con la cooperativa y que los pagarés fueron firmados voluntariamente por su expresidente”, resultando en que “Palomo fue absuelto y actualmente ejecuta la sentencia a su favor”.
En una segunda declaración del 13 de mayo de 2025, Bukele anunció que “ante la aparente preocupación de estas ONG, he decidido enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que estas ONG reciben”. El presidente justificó esta medida argumentando que “con esos fondos se pagará la deuda de la cooperativa” y que así “las familias saldan su deuda y mantienen su vivienda”, “la población no paga por reclamos ajenos” y “las ONG cumplen, por fin, su supuesto propósito de ayudar al pueblo”.
Supención temporal del desalojo
El Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla emitió el 16 de mayo de 2025 una resolución suspendiendo temporalmente la orden de desalojo programada para el 22 de mayo, según informaron los Centros Judiciales. Esta decisión judicial se produjo tras las protestas de las 300 familias de la Cooperativa El Bosque del cantón El Triunfo, quienes “se han manifestado pacíficamente para pedir la ayuda del presidente de la República, Nayib Bukele, a fin de no ser desalojadas de sus viviendas”.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, declaró que “nos reunimos con las familias de la Cooperativa El Bosque para llevarles un mensaje de apoyo y tranquilidad” y que “hemos formado un equipo técnico, social y legal que trabajará de la mano con otras instituciones y con las familias”. Sol reconoció que “no es un caso fácil, porque como lo explicó nuestro Presidente Nayib Bukele hay una serie de antecedentes y como muchas familias en el país fueron víctimas de un sistema de corrupción”, añadiendo que “este es uno de los muchos casos que atenderemos y le daremos seguimiento”.
Nos reunimos con las familias de la Cooperativa El Bosque para llevarles un mensaje de apoyo y tranquilidad.
— Michelle Sol 🇸🇻 (@misol140) May 16, 2025
Hemos formado un equipo técnico, social y legal que trabajará de la mano con otras instituciones y con las familias.
No es un caso fácil, porque como lo explicó… https://t.co/cZxKq3Ahpc
La FGR había caracterizado en 2022 el caso contra Palomo Urbina señalando que “la Cooperatica Agropecuaria del Bosque, ubicada en Santa Tecla, en varios cantones del lugar, han sido víctimas de una estafa agravada provocada por el Ingeniero Palomo Urbina”. Según las declaraciones oficiales de la FGR, “todas las personas, que todos son campesinos, que todos tienen bajo grado de escolaridad, y alguno incluso no saben ni leer ni escribir, han sido estafados por parte de ésta persona, que llegó a su cooperativa, dijo que los iba a ayudar”. La fiscalía detalló que Palomo “simplemente llega, toma, tala todos los árboles de la Cooperativa, los vende, se va, toma el dinero, y deja a la Cooperativa con una deuda de aproximadamente US$350 mil”, solicitando para él “la condena máxima de 8 años de prisión, además de que restituya el dinero máximo que él ha defraudado”.
Protestas, detenciones y resoluciones de la CSJ
Las protestas que culminaron con detenciones policiales se desarrollaron entre el 12 y 13 de mayo de 2025, cuando según la prensa, “la Policía Nacional Civil capturó a cinco líderes comunitarios de la cooperativa El Bosque la noche de este lunes en medio del plantón pacífico junto a habitantes del cantón El Triunfo, en el sector de la residencial Las Piletas”. Entre los detenidos se encontraban “Diego Armando Guzmán, José Ángel Pérez, Adolfo Castro, Moisés Galeano y el abogado Alejandro Henríquez”, según declaró Cristóbal Toledo, uno de los organizadores.
David Guzmán, vocero de la comunidad, denunció que se sintieron “violentados” por parte de los miembros de seguridad, declarando que “hoy fuimos violentados, nos quitaron los medios de transporte y tuvimos que caminar 2 kilómetros con niños y mujeres. La policía no se identifica. Hoy sentimos miedo pero no nos detuvimos y caminamos hasta donde íbamos a manifestarnos”.
Las organizaciones de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto el 13 de mayo manifestando “profunda preocupación y rechazo ante las recientes agresiones cometidas por el Estado salvadoreño (uso excesivo de la fuerza, detenciones, obstaculización del derecho a manifestarse pacíficamente y al ejercicio periodístico, amenazas, entre otras) contra las y los habitantes de la Cooperativa El Bosque”. El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica denunció que las agresiones “fueron constatadas por diferentes medios de comunicación, que documentaron los hechos y señalaron la detención arbitraria de dirigentes campesinos que se encontraban en la protesta pacífica”.
En el ámbito judicial, la controversia entre ASCORBOS y el ingeniero Palomo Urbina se remonta a 2003, cuando la cooperativa contrató a L.M. Lotificaciones de R.L. (posteriormente PROYIN de R.L.) para realizar trabajos de medición y parcelación. Según documentos legales presentados por los abogados Dinora Beatriz Callejas de Pineda y Jonathan Neftalí Funes Alvarado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el amparo 483-2020, “la cooperativa alega que los trabajos contratados nunca fueron realizados”.
La Sala de lo Constitucional resolvió el 4 de abril de 2022 declarar improcedente la demanda de amparo al considerar que “la actuación contra la que se dirige la queja —la resolución pronunciada por el juez demandado el 22 de octubre de 2019— no constituye per se un acto de carácter definitivo con relación a los aspectos controvertidos”. La Sala también señaló que “de la documentación anexa al expediente de este amparo consta, específicamente en la copia de la sentencia pronunciada en el juicio en mención, que aunque la autoridad demandada señaló día y hora para la realización de la mencionada diligencia, los testigos no se presentaron a declarar”.
Posteriormente, la Sala de lo Civil de la CSJ declaró inadmisible el 12 de enero de 2022 el recurso de revisión interpuesto por la cooperativa, señalando en la resolución 2-REM-2021 que “el proceso objeto de revisión, se sustanció antes de la vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, motivo por el cual no se tiene un fundamento legal para la interposición de revisión de sentencia firme puesto que la normativa aplicable no contempla tal posibilidad”.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos contextualizaron el caso dentro de la crisis habitacional salvadoreña, citando datos del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) de 2015 que indicaban “un déficit total de unidades de vivienda de 1,388,477”, representando “aproximadamente el 91% del total”. Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2022 del Banco Central de Reserva, “el 11.3% de los hogares enfrenta inseguridad en la tenencia del terreno, mientras que el 38.1% vive en condiciones de hacinamiento”. El Ministerio de Vivienda registró a diciembre de 2021 “la existencia de 92 asentamientos humanos irregulares distribuidos en 9 departamentos y 34 municipios”.
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