Por Alessia Genoves
“Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”, expresó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. La declaración corresponde a la conferencia de prensa emitida durante la Sesion Solemne del 1 de junio de 2025. Su intervención estuvo marcada por un discurso en el que reiteró su rechazo a las críticas que cuestionan la legalidad del Régimen de Excepción, a la vez que celebró los resultados en materia de seguridad: una reducción sostenida de homicidios intencionales que pasaron de 496 casos en 2022 a 114 en 2024, y que para 2025 apenas suman 28, de acuerdo con registros de la FGR.
La continuidad del Régimen fue ratificada con la 39ª prórroga aprobada por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el contexto está marcado por denuncias de vulneraciones a derechos humanos, con 414 presuntas muertes en centros penales, según el Socorro Jurídico Humanitario (SJH), y la liberación de más de 8,000 personas que fueron detenidas sin pruebas suficientes, según lo admitió el mismo presidente Bukele.
Bukele “Prefiero que me llamen dictador…”
Bukele, durante su discurso, enfatizó que la seguridad de la población salvadoreña está por encima de la opinión internacional, asegurando: “Prefiero que me llamen dictador, pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz”. Recalcó que “me tienen sin cuidado que me llamen dictador”, y cuestionó que “algunos incluso dicen: ‘yo en mi país no tengo seguridad, pero al menos tengo democracia’. No se dejen engañar: no tienen ni seguridad ni democracia, tienen un Estado fallido”.
Se refirió críticamente al rol de organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales que, según sus palabras, “no creen en el poder del pueblo salvadoreño” y que “usan los derechos humanos como una excusa para proteger a los criminales”. Aseguró que “el sistema internacional nos obligó a velar por los derechos del criminal que salió a matar”, luego de relatar el caso de un menor pandillero que, tras cumplir dos años en correccional, fue liberado en 2024 y cometió un homicidio en Tacuba.
“Prefiero que me llamen dictador pero que todos los salvadoreños vivan en paz, sin importar su situación económica o social.
— Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) June 2, 2025
Que se queden ellos discutiendo sobre semántica, nosotros vamos a seguir enfocados en buscar resultados”, Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/iz0xlMSQOz
“Esa vida se pudo evitar, pero cumplimos los tratados internacionales. Perdonar al criminal es condenar a las víctimas”, dijo, y añadió que los países que critican a El Salvador “tienen monarquías hereditarias con mejores índices de democracia que nosotros, que elegimos libremente a nuestro presidente”. No obstante, y pese a los resultados favorables del Régimen de Excepción en la reducción del 96%, durante su vigencia de 39 meses, al menos 414 personas han muerto en prisión, y unas 8,000 personas han sido liberadas, según las declaraciones del SJH y del mismo presidente Bukele.
Fidel Zavala, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), detenido desde febrero de 2025, fue trasladado a la prisión de Mariona el 2 de abril de 2025, tras se acusado por el delito de Estafa Agravada. Asímismo, José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, representantes de la Cooperativa “El Bosque” y de El “Foro del Agua” respectivamente, recibieron orden de prisión preventiva el 30 de mayo de 2025, bajo los cargos de “resistencia agresiva” y “desórdenes públicos”, tras ser detenidos el pasado 13 de mayo por una “manifestación pacífica”, solicitando ayuda al presidente Bukele, la resolución sobre un posible caso de estafa agravada contra el abogado Luis Palomo, sobre la concesión de tierras comunitarias.
Bukele, al cierre de la minifestación, expresó su iniciativa por favorecer a las comunidades, exigiendo una cuota impositiva del 30% de los ingresos dinerarios de la Organizaciones No Gubernamentales (ONG`s), para ayudar a las poblaciones cuyas viviendas y terrenos se veían en controversia. La iniciativa fue aprobada con 57 votos en la Asamblea Legislativa, dando vigencia a la Ley de Agentes Extranjeros, el 21 de mayo. Pero, un día antes, detuvieron a la titular de la Fundación Cristosal, Ruth Eleonora López, organizaciones financiada con fondos internacionales, y que denuncaba constantemente las presuntas vulneraciones a los derechos humanos durante la adminstración del presidente Bukele.
Sin embargo, la detención de Ruth Eleonora López fue justificada, tanto por la Policía Nacional Civil (PNC) como por la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta comisión del delito de peculado. Según lo detalló ésta última, la abogado “fue asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas durante sus dos períodos en el Tribunal Supremo Electoral, durante su gestión como Magistrado y en su período como Presidente del TSE”. No obstante, la Fiscalía no detalló el monto cuestionado, ni pormenorizó detalles de sus presuntos hechos cometidos.
#Captura | Este día, se ha hecho efectiva la orden de detención administrativa contra Ruth Eleonora López Alfaro, por el delito de peculado.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 19, 2025
Ruth López fue asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas durante sus dos períodos en el Tribunal Supremo Electoral, durante su… pic.twitter.com/0w83JMGR3u
Homicidios intencionales caen un 96%
En 2019, El Salvador registró 2,439 homicidios intencionales. En 2020, la cifra descendió a 1,326 homicidios, una reducción del 45.6%; y en 2021 se documentaron 1,162 casos, lo que representó una disminución del 12.4% respecto al año anterior.
Con la implementación del Régimen de Excepción en marzo de 2022, los homicidios se redujeron a 496 casos, una caída del 57.3%. Ese año, enero, febrero y marzo concentraron 323 homicidios, pero los meses siguientes bajaron drásticamente. Abril cerró con 23 homicidios, mayo con 18, y diciembre con solo 14. En 2023, la cifra bajó a 154 homicidios, y en 2024 se redujo a 114, con picos en mayo (17) y agosto (20). En lo que va de 2025, hasta mayo, se reportan solo 28 homicidios: seis en enero, cinco en febrero, siete en marzo, seis en abril y cinco en mayo.
La categorización de homicidios también cambió. En 2022, 429 homicidios fueron atribuidos a delincuencia general, 36 a intolerancia social y 31 a violencia intrafamiliar. En 2023, las cifras fueron: 53 casos de delincuencia, 54 de intolerancia social y 47 de violencia intrafamiliar. Para 2024, los homicidios por violencia intrafamiliar ascendieron a 47, mientras que los vinculados a delincuencia general fueron 33.
Bukele cerró su intervención con un mensaje desafiante: “Nosotros no hacemos lo que ellos quieren, sino lo que el pueblo desea y necesita”. Negó cualquier pacto con pandillas y reiteró que “a los pandilleros ya no los vamos a liberar ni nunca”. En el área turística, Bukele señaló que “mientras más visitantes tengamos, más oportunidades hay para que los jóvenes se queden aquí y no emigren”. En educación, contrastó que durante el quinquenio anterior se invertía un promedio de US$948 millones, mientras que su gobierno invirtió US$1,411 millones anuales.
Las 39 prórrogas del Régimen de Excepción y 6,305 denuncias
La Asamblea Legislativa aprobó el 29 de mayo de 2025 la 39ª prórroga del Régimen de Excepción, durante la Sesion Plenaria Ordinaria No. 57. La pieza de correspondencia 2-A fue aprobada con dispensa de trámite, mediante votación nominal y pública, obteniendo 57 votos a favor. Con ello, se prolonga la vigencia del Decreto No. 333 por 30 días más.
El Decreto No. 333 fue aprobado en marzo de 2022, bajo el amparo del artículo 29 de la Constitución, que permite la suspensión de garantías constitucionales si persisten las circunstancias que motivaron su adopción. Se exceptúa el derecho a ser informado de las razones de su detención (art. 12, inc. 2º), se extiende el plazo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, y se suspende la inviolabilidad de la correspondencia (art. 24).
Diversas organizaciones de derechos humanos han solicitado ante la CIDH la derogación del régimen. Cristosal, Fespad, Idhuca, el Socorro Jurídico Humanitario y Justicia Internacional fundamentan su petición en 6,305 denuncias por presuntas vulneraciones, de las cuales 3,786 fueron registradas por Cristosal, 1,283 por Idhuca, 387 por el SSPAS, 354 por Azul Originario, 383 por Fespad y 50 por la Red de Defensoras de Derechos Humanos. Estas denuncias documentan detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y violaciones al debido proceso, con un 75% de los señalamientos dirigidos a la Policía Nacional Civil.
El SJH ha documentado 414 muertes en centros penales entre marzo de 2022 y noviembre de 2024. Su representante legal, Ingrid Escobar, afirmó en TVX que “cerca del 99%” de los fallecidos fueron perfilados como “colaboradores de pandillas”, y en una entrevista anterior aseguró que “el 94% eran inocentes”.
Según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, hasta octubre de 2024 había 82,963 personas detenidas bajo el régimen. Bukele admitió que “ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”, reconociendo implícitamente errores en las detenciones. Por su parte, el SJH sostiene que podrían ser hasta 30,000 las personas inocentes capturadas.
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