Bukele libera presos venezolanos en intercambio con EE.UU

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Por: Neftali Hernandez Pereira


El gobierno de Estados Unidos junto con El Salvador ejecutó el intercambio de 238 ciudadanos venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador por presos políticos estadounidenses recluidos en Venezuela.

Durante el traslado los presidiarios se mostraron, furiosos y a la vez agresivos con las autoridades debido a su estadia en el pais centroamericano. En un video se observa a un preso haciendo señas alusivas a pandillas.

Imagen de los presos politicos estadounidenses, liberados junto con el embajador de EE.UU en ese pais. Por la noche el presidente de la republica, Nayib Bukele se reunio con los presos politicos estadounidenses entre ellos un marine y otros 10 ciudadanos americanos mas, durante la reunion hecha en CAPRES o Casa Presidencial estuvo presente el Enviado Especial para Asuntos de Rehenes de EE.UU., Adam Boehler en donde obtuvieron una reunion con el presidente.

El presidente Donald Trump confirmó la operación que involucró negociaciones entre las cancillerías de tres países y la aplicación de la Ley de Extranjeros de 1798.

Los venezolanos llegaron a territorio salvadoreño en marzo de 2025 como parte de un acuerdo firmado entre el secretario de Estado Marco Rubio y el gobierno salvadoreño.

Las autoridades estadounidenses acusaron a los deportados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, acusación que familiares de varios detenidos han desmentido públicamente ante las autoridades salvadoreñas.

Deportación masiva bajo la Ley de Extranjeros de 1798

El proceso de deportación se ejecutó mediante la aplicación de la Ley de Extranjeros de 1798, normativa que permite la expulsión de territorio estadounidense de personas consideradas peligrosas para la seguridad nacional.

Los 238 venezolanos fueron capturados, reubicados y trasladados desde diferentes estados de Estados Unidos hacia El Salvador.

El secretario de Estado Marco Rubio negoció directamente con las autoridades salvadoreñas para establecer el acuerdo que permitió el traslado de los deportados al CECOT.

El centro penitenciario, construido para albergar a miembros de pandillas, recibió a los venezolanos en instalaciones separadas del resto de la población reclusa.

Acusaciones del Tren de Aragua y desmentidos familiares

Las autoridades estadounidenses clasificaron a los deportados como miembros del Tren de Aragua, organización criminal venezolana con presencia en varios países latinoamericanos. Sin embargo, familiares de múltiples detenidos han presentado documentación ante las autoridades salvadoreñas que contradice estas acusaciones.

El caso de Andry Blanco Bonilla Hernández ilustra las controversias surgidas por las deportaciones. Hernández fue acusado de pertenecer al Tren de Aragua, pero su familia demostró que trabajaba como maquillista y no tenía vínculos con actividades criminales. Testimonios similares han emergido de otros familiares que denuncian errores en la clasificación de los deportados.

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Tambien se publicò una lista de las personas que fueron deportadas hacia suelo centroamericano.

Envío de abogados y verificación del estado de salud

Familiares de los detenidos contrataron abogados especializados en derecho internacional para viajar a El Salvador y verificar las condiciones de reclusión de los venezolanos. Los letrados han solicitado acceso a los detenidos para evaluar su estado de salud físico y mental tras el proceso de deportación y encarcelamiento.

Familiares de los presos venezolanos, dieron las gracias tanto a su gobierno como a las autoridades ademas de recibir a los expresidiarios deportados a su pais de origen.

Los abogados también han iniciado gestiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revisar la legalidad del proceso de deportación masiva. Las familias argumentan que varios de los deportados tenían procesos migratorios pendientes en Estados Unidos que fueron interrumpidos abruptamente.

Propuesta de intercambio rechazada por ambos gobiernos

El fiscal general de Venezuela y su contraparte salvadoreña, junto con las cancillerías de ambos países, propusieron un intercambio que liberaría a los venezolanos del CECOT a cambio de presos políticos encarcelados en Venezuela.

La propuesta incluía la liberación de opositores políticos venezolanos detenidos desde las protestas postelectorales de 2024.

El gobierno venezolano rechazó categóricamente la propuesta de intercambio, argumentando que no reconoce la existencia de presos políticos en sus cárceles. Las autoridades de Caracas calificaron a los detenidos como “terroristas y golpistas” que no pueden ser objeto de negociación internacional.

El gobierno salvadoreño también descartó la propuesta, señalando que los venezolanos deportados deben cumplir los procesos judiciales establecidos en el país centroamericano. Las autoridades salvadoreñas indicaron que el intercambio no se ajusta a su marco legal interno.

El caso de Kilmar Abrego y su juicio en Tennessee

Kilmar Abrego, ciudadano salvadoreño deportado junto al grupo de 238 personas, enfrenta un proceso judicial paralelo en Tennessee por cargos relacionados con actividades de la MS-13, en territorio estadounidense. Abrego fue trasladado desde el CECOT hacia Estados Unidos para comparecer ante las autoridades judiciales de Tennessee.

El caso de Abrego se ha convertido en un precedente legal que podría afectar a otros deportados salvadoreños y venezolanos. Los fiscales estadounidenses presentaron evidencia que vincula a Abrego con operaciones de extorsión y tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El juicio de Abrego en Tennessee ha revelado detalles sobre la estructura organizacional de la MS-13 y sus operaciones transnacionales. Los testimonios presentados en el proceso judicial han sido utilizados por las autoridades estadounidenses para justificar las deportaciones masivas de venezolanos acusados de pertenecer a la organización criminal.

Respuesta de las cancillerías involucradas

La Cancillería venezolana calificó la deportación masiva como una “violación flagrante de los derechos humanos” y anunció que presentará una denuncia formal ante organismos internacionales. El gobierno de Nicolás Maduro exigió el retorno inmediato de los 238 ciudadanos venezolanos y amenazó con romper relaciones diplomáticas con El Salvador.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador defendió el acuerdo con Estados Unidos y señaló que el país centroamericano actuó dentro del marco legal internacional. Las autoridades salvadoreñas indicaron que los deportados recibirán el debido proceso judicial y tendrán acceso a asistencia consular venezolana.

La Cancillería estadounidense, dirigida por Marco Rubio, justificó la operación como parte de la lucha contra el crimen organizado transnacional. El Departamento de Estado indicó que continuará aplicando medidas similares contra miembros de organizaciones criminales que operen en territorio estadounidense.

Impacto en las relaciones diplomáticas regionales

La operación de deportación masiva ha tensado las relaciones diplomáticas entre Venezuela y El Salvador, países que mantenían vínculos comerciales y políticos desde 2019. El gobierno venezolano retiró a su embajador en San Salvador y suspendió los vuelos comerciales entre ambos países.

Las autoridades salvadoreñas han reforzado la seguridad en el CECOT tras recibir amenazas del gobierno venezolano. El presidente salvadoreño Nayib Bukele defendió públicamente el acuerdo con Estados Unidos y señaló que su país no será utilizado como refugio por organizaciones criminales internacionales.

El canje de presos políticos estadounidenses por los venezolanos del CECOT marca un precedente en la aplicación de políticas migratorias restrictivas en América Latina. La operación ha generado debates sobre la cooperación internacional en materia de seguridad y la protección de derechos humanos en procesos de deportación masiva.



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