Bukele: “hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”

Por Alessia Genoves

Cerca de 8,000 personas inocentes han sido liberadas, durante los 32 meses de vigencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales y la Guerra Contra Pandillas, que ha resultado en la reducción de más del 94% de los 2,439 homicidios reportados desde el año 2019. El dato ha sido divulgado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele; y corresponde al total de 82,963 personas detenidas bajo la presunción de pertenecer a maras o pandillas.

“Ya hemos liberado 8000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”, indicó el presidente Bukele durante la prensa que tuvo lugar en Costa Rica, el pasado 12 de noviembre. No obstante, la respuesta del mandatario es contrastante con la estimación divulgada por la organización salvadoreña, Socorro Jurídico Humanitario (SJH), cuyo aproximado era de 30,000 personas detenidas, según lo señaló la periodista de Canal 33 Costa Rica, Livia Solano. Diario Fuentes ha solicitado detalles de la cifra a la organización, pero no ha obtenido respuestas; y, en su lugar, ha respondido a los señalamientos del presidente, y sostiene que cerca de 3,000 de los menores detenidos son inocentes, mientra que 330 personas han muerto en los centros penales.

Contradicciones en cifras alternativas

La vigencia del Régimen de Excepción ha sido controvertida desde su implementación, el 22 de noviembre, por la Asamblea Legislativa. La normativa, sostenida en el artículo 24 de la Constitución de la República, define la prórroga del Régimen siempre y cuando “continúen las circunstancias concomitantes que lo motivaren”. A la fecha del 5 de noviembre de 2024, la Asamblea ha aprobado hasta 32 prórrogas, suspendiendo, por períodos de 30 días, los derechos de “ser informado de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y las razones de su detención” (art. 12, inc. 2º); el de la detención administrativa por “72 horas”, que se prolonga a 15 días y la no inspección de la Correspondencia (art. 24).

De las cifras divulgadas, no obstante, se estiman algunas contradicciones, tanto de las organizaciones denunciantes, como de los datos divulgados por el Gobierno. En primer lugar, el total, de personas detenidas es de 82,963, hasta el mes de octubre de 2024, según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJS); mientras que la cifra estimada de personas sobreseídas por las imputaciones que le fueron establecidas es de 8,000, según lo indicó Bukele.

La diferencia, por tanto, es de 74,963, valorando el caso hipotético de que las cifras del presidente sean exactas; que implicaría que aún existen 1,637pandilleros en libertad, respecto a la estimación de 76,600 pandilleros en libertad que ya cuantificaba la Policía Nacional Civil desde el año 2018. Y, de esa forma, es posible estimar que existe un excedente de 6,363 personas de tenidas, respecto al total. Por ésta razón, las sucesivas prórrogas, y consecuentes detenciones irregulares, tendría vigencia durante los próximos meses.

Pero la contradicción más importante reside en la cifra de las más de 30,000 personas inocentes detenidas, cuya fuente, habría sido asignada al SJH, según la periodista. La organización validó el señalamiento de que, en la fecha del 12 de noviembre, el presidente Bukele “acusa a al Socorro Jurídico Humanitario, la Fundación Cristosal y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) “de inventar la cifra de 30 mil inocentes detenidos y afirma que estas organizaciones que pertenecen al FMLN“.

Ante las IRRESPONSABLES declaraciones del INCONSTITUCIONAL presidente de la República de #ElSalvador en la República hermana #CostaRica, a la comunidad nacional e internacional expresamos: pic.twitter.com/WGOLn4Mbfp

— Socorro Jurídico Humanitario (@SJHumanitario) November 13, 2024

Las organizaciones no reportaron más de 6 mil presuntas vulneraciones

De hecho, el reporte de las 30,000 personas inocentes detenidas en el Régimen de Excepción, tal y como se sostiene del SJH, no es coherente con las cifras totales de 6,305 denuncias de presuntas vulneraciones a los derechos humanos, de acuerdo con los datos divulgados por Cristosal (con 3,786 denuncias registradas), hasta el mes de abril de 2024. Del dato total, sin embargo, se presumiría que existen 16,289 presuntas vulneraciones en total, pero hacia un total no mayor al número proporcional de las 6,300 denuncias.

Las denuncias totales también agrupan a organizaciones como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca, con 1,283 casos), el Servicio Social Pasionista (SSPAS, con 387 reportes), Azul Originario (AZO, con 354 reportes), al Red de Defensora de Derechos Humanos (con 50 casos) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad. con 383 reportes). Sin embargo, los datos omiten los registrados por instituciones como el SJH; es decir, la afirmación sostenido por éste institución no se agrupa con éstas instituciones.

Tampoco el registro incluye a otros alternativos, como los de Amnistía Internacional, cuya interpretación de los hechos acumula las 73,000 presuntas vulneraciones a los derechos humanos; en suma a 327 casos de desapariciones forzadas. Pero la cifra total de Amnistía, cuyo contexto se sitúa al 6 de diciembre de 2023, correspondía a apenas menos del total de las detenciones totales reportadas por el MJSP, que buscaba detener a los 76,600 pandilleros que estaban en libertad desde 2018.

#Comunicado | Organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe sobre los dos años del régimen de excepción, elaborado a partir de 6,305 denuncias de violaciones de derechos humanos, que se traducen en 16,289 hechos o afectaciones a derechos. pic.twitter.com/qYPtx9ez39

— Cristosal Centroamérica (@Cristosal) April 4, 2024

Es decir, que la cifra del SJH no ha sido verificada por organizaciones distintas, cuando menos por el propio Gobierno. Por otra parte, el SJH sí enumera hasta 330 muertes al interior de los recintos penitenciarios, durante el contexto del Régimen de Excepción; es decir, desde la fecha del 27 de marzo de 2022 al 7 de noviembre de 2024. Éste dato sería más próximo al divulgado por Cristosal, que engloba al resto de las instituciones con excepción del SJH, y que corresponde a una cifra de 224 muertes en cárceles desde el 27 de marzo de 2022 al 28 de abril de 2024.

Por otra parte, para la fecha del 24 de febrero de 2024, el SJH señaló que cerca de los 236 de los reportes de muertes en centros penales, hasta entonces, habrían sido señalados como colaboradores de pandillas, en una proporción de “cerca del 99%”, según lo indicó su representante legal, Ingrid Escobar. Según lo declaró en el programa de Entrevista con Julio Villagrán de TVX, transmitido esa mañana “a todos les habían puesto colaboradores, ni siquiera les habían puesto homeboys o en proceso de serlo; sino colaboradores de pandillas”. Mientras que, en una entrevista anterior divulgada el 28 de diciembre de 2023, la representante del SJH señaló una proporción del 6% de las 213 muertes eran “perfilados de pandillas” y que el “94% eran inocentes”.

Por otra parte, el SJH no refutó la presunción de que hagan 30 mil inocentes en el sistema penitenciario de El Salvador. Por el contrario, declaró, categóricamente, que “ningún miembro de la Junta Directiva del SJH son miembros del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)“. Por el contrario, personas Ingrid Escobar, fue parte de los más de 1,700 trabajadores despedidos, siendo de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) hasta el 29 de octubre de 2021.

Exigen suspensión del Régimen, pese a sus resultados

Cerca de 104 muertes han sido registradas desde el mes de enero al mes de septiembre de 2024, de acuerdo con el Equipo Operativo de Homicidios de la Fiscalía General de la República (FGR). El dato define una reducción de más del 94% de los 2,439 homicidios reportados desde el año 2019. La tendencia cambiaría en los años posteriores. En 2020, el número de homicidios se redujo a 1,326, lo que representó una disminución del 45.6 % respecto al año anterior.

El descenso continuó en 2021, con un total de 1,162 homicidios, marcando una reducción adicional del 12.4 %. A partir de 2022, la reducción fue aún más pronunciada, registrándose 496 homicidios, lo que implicó un descenso del 57.3 % respecto a 2021. En 2023, el país contabilizó 154 homicidios, un 69 % menos que el año anterior. Para 2024, con un total proyectado de 104 homicidios, la disminución respecto a 2023 sería del 32.5 %. En los períodos quinquenales, el país habría logrado una reducción acumulada del 95.7 % en los homicidios entre 2019 y 2024.

A nivel mensual, el promedio de homicidios también refleja la magnitud del cambio. Mientras que en 2019 se registraban en promedio 203 homicidios por mes, en 2024 este promedio cayó a apenas 11.6 homicidios mensuales. De manera similar, febrero y marzo de 2024 registraron 8 y 13 homicidios, respectivamente, una disminución de más del 90 % en comparación con los mismos meses de 2019. El primer semestre de 2024 cerró con 61 homicidios, una cifra que equivale a una reducción del 95 % en un periodo de cinco años.

El impacto de esta tendencia también se refleja en la comparación semestral. En 2019, el país registró 1,229 homicidios en los primeros seis meses y 1,210 en los últimos seis meses. En cambio, en 2024, el primer semestre cerró con 61 homicidios. Estos resultados convierten a El Salvador en un caso único en la región, especialmente considerando que el país había sido señalado históricamente por sus altos índices de violencia.

Si bien estas cifras son un logro innegable, el contexto en el que se han alcanzado plantea dudas. Hasta octubre de 2024, las autoridades habían reportado la detención de 82,963 personas bajo el régimen de excepción, una cifra que supera las estimaciones iniciales del Gobierno de 76,600 pandilleros. Además, según declaraciones del presidente Nayib Bukele, aproximadamente 8,000 de estas personas han sido sobreseídas por falta de pruebas, declara errores en las detenciones masivas.

En consecuencia, tanto las organizaciones asociadas en el balance de Cristosal, como Idhuca y Fespad, como el SJH y Justicia Internacional, han solicitado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) la derogatoria del Régimen de Excepción. Pero, a pesar de estas críticas, el Ejecutivo ha defendido su estrategia argumentando que el descenso de los homicidios es prueba suficiente de su eficacia; en suma del valor económico que representaría la eliminación del impuesto exigido las extorsiones, que se traducía en un desfinanciamiento de más de $1,000 millones del PIB anual; la expansión del mercado interno y la apertura de nuevas oportunidades laborales.

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Alessia Genoves

Periodista e investigadora y especializada en marketing y redes sociales

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