Por Alessia Genoves
Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, afirmó que Kilmar Ábrego García “no fue torturado ni perdió peso” durante su reclusión en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT). El 17 de abril de 2025, Bukele declaró en x.com: “Las fotos muestran que subió de peso durante su detención. Hay abundantes imágenes de diferentes días, incluyendo su reunión con el senador Van Hollen, quien confirmó que el hombre parecía estar bien”.
Agregó: “Si lo torturaron, lo privaron de sueño y lo dejaron morir de hambre, ¿por qué sale tan bien en todas las fotos? ¿Por qué engordó? ¿Por qué no tiene moretones ni ojeras?”. Estas declaraciones respondían a denuncias de abogados que presentaron ante la jueza federal Paula Xinis un testimonio detallado: “A su llegada a la cárcel, Ábrego García fue pateado y golpeado. Al día siguiente tenía moratones y bultos visibles por todo el cuerpo. Él y otras 20 personas fueron obligados a arrodillarse toda la noche, y los guardias golpeaban ‘a cualquiera que cayera por agotamiento'”.
Documentaron “literas metálicas sin colchones en una celda abarrotada, sin ventanas, con luces intensas encendidas 24 horas y negación de acceso al baño”. Roberto Valencia, periodista español, cuestionó la ubicación de las fotos citadas por Bukele: “Ni un solo frame está grabado en el CECOT. Todas las imágenes son del Centro Industrial de Cumplimiento de Penas de Santa Ana, cárcel ubicada 140 kilómetros al poniente del CECOT. Es un penal para NO PANDILLEROS, de lo que se infiere que la Administración Bukele se convenció de que Kilmar Ábrego García NO ES PANDILLERO”. Valencia añadió: “El 14 de abril, Bukele se reunió con Trump en la Casa Blanca y respondió a la prensa: ‘¿Cómo puedo traficar a un TERRORISTA a Estados Unidos?’. El video demuestra que a esa fecha Centros Penales ya había concluido que Kilmar NO ES PANDILLERO”.
Demócratas por Kilmar Ábrego
Chris Van Hollen, senador demócrata, visitó a Ábrego García en abril de 2025 y calificó su detención como “inconstitucional”. En declaraciones a Diario Fuentes, afirmó: “No hay evidencia ante el tribunal que lo conecte con la MS-13 o cualquier otra organización criminal”. Citó el fallo del juez federal Theodore D. Chuang: “La evidencia presentada por ICE no es concluyente ni determinante”.
Van Hollen introdujo sanciones contra el gobierno salvadoreño, tildando el acuerdo bilateral sobre el CECOT de “violatorio del derecho internacional”: “Bukele y Trump son cómplices en un esquema ilegal para usar dólares de los contribuyentes estadounidenses y enviar personas a El Salvador violando sus derechos constitucionales”. La Casa Blanca respondió el 17 de abril de 2025: “Kilmar Abrego Garcia es un ilegal, miembro de la MS-13 y terrorista extranjero deportado a su país de origen”.
Exhibieron una orden de protección de mayo de 2021: “El tribunal ordenó que el encausado cometió actos de abuso: una vez en mayo de 2021, asalto en cualquier grado, y el 4 de mayo de 2021, golpeó y arañó a su esposa, le arrancó la camisa y la magulló”. Donald Trump contrastó la visita de Van Hollen en redes sociales: “Mientras Van Hollen toma margaritas con un pandillero, yo me reúno con Patty Moran, madre cuya hija Rachel fue brutalmente asesinada por un ilegal salvadoreño en agosto de 2023”.
Trump añadió: “MS-13 viola a niñas inocentes, opera redes de tráfico sexual y asesina por deporte”. Bukele replicó con sarcasmo: “Kilmar Ábrego García, milagrosamente resucitado de los ‘campos de exterminio’ y la ‘tortura’, ¡ahora disfruta margaritas con el senador Van Hollen en El Salvador!”.
Trump, Bukele y el anti-terrorismo
Donald Trump respaldó públicamente el uso del CECOT para detener deportados con antecedentes criminales. En la Casa Blanca, una portavoz declaró el 17 de abril de 2025: “El acuerdo con El Salvador habilita la custodia de extranjeros peligrosos, incluyendo a más de 200 venezolanos y salvadoreños enviados el 15 de marzo de 2025”.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, justificó ante la Corte Suprema: “Abrego García es miembro de la MS-13, designada organización terrorista extranjera. Su retorno a EE.UU. amenaza la seguridad pública”. Marco Rubio, senador republicano, elogió la estrategia: “El Salvador transformó la capital mundial de homicidios en el país más seguro. Es un modelo a seguir”.
Bukele defendió el enfoque en un discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de junio de 2025: “Transformamos la capital del asesinato del mundo en el país más seguro. Para liberar a millones, hay que encarcelar a algunos”. Criticó a organizaciones internacionales: “Países que eligen jefes de Estado por herencia tienen más puntaje de democracia que nosotros. Las supuestas ONG defienden asesinos que masacraron a nuestra gente”.
40 meses en Guerra contra Pandillas
El caso de Kilmar Ábrego se circunscribe a las políticas de seguridad públicas, en el contexto de la Guerra Contra Pandillas. Y, durante el Régimen de Excepción, vigente desde marzo de 2022, fue renovado 40 veces mediante Decreto Legislativo n.º 333, basado en el artículo 29 de la Constitución. Suspende garantías constitucionales como “la notificación inmediata del motivo de detención, la duración del arresto administrativo y la inviolabilidad de la correspondencia”.
Organizaciones humanitarias solicitaron su suspensión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) documentó “6,305 denuncias hasta abril de 2024 por detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y negación del debido proceso”. Ingrid Escobar, representante del SJH, declaró: “La mayoría de los fallecidos fueron detenidos sin pruebas concluyentes y sin acceso a defensa técnica”. Cristosal reportó 3,786 casos (60% del total), Idhuca 1,283 (20.3%), Fespad 383 (6.1%), SSPAS 387 (6.1%), Azul Originario 354 (5.6%) y la Red de Defensoras 50 (0.8%). El SJH registró 414 muertes en cárceles, mientras Cristosal contabilizó 224.
El SJH presentó inconsistencias: en febrero de 2024 afirmó que “el 99% de fallecidos eran colaboradores de pandillas”, pero en diciembre de 2023 declaró que “el 94% eran inocentes”. Bukele respondió en noviembre de 2024: “Ya liberamos a 8,000 personas y vamos a liberar al 100% de inocentes”. El Ministerio de Justicia salvadoreño corroboró “82,963 detenidos desde marzo de 2022 y 8,000 liberados por sobreseimiento”.
Homicidios caen al 96%
La FGR reportó una reducción del 96.2% en homicidios intencionales entre 2019 y 2024. En 2019, se registraron 2,439 casos; en 2020, 1,326; en 2021, 1,162; en 2022, 496; en 2023, 154; y en 2024, 114. En los primeros cinco meses de 2025, hubo 29 homicidios, con un promedio mensual de 5.8 casos. En enero-marzo de 2022, ocurrieron 323 homicidios (82 en enero, 76 en febrero, 165 en marzo); en el mismo período de 2025, solo 23 (6 en enero, 5 en febrero, 11 en marzo), lo que representa una caída del 92.9%.
La tipología cambió significativamente: en 2022, 429 casos (86.5%) se atribuyeron a “delincuencia general”, 36 a “intolerancia social” y 31 a “intolerancia familiar”. En 2024, la “intolerancia familiar” lideró con 47 casos (41.2%), seguida por “intolerancia social” con 34 (29.8%) y “delincuencia general” con 33 (28.9%). En 2023, octubre tuvo el pico más alto (21 homicidios) y noviembre el mínimo (7). En 2024, los picos fueron mayo (17) y agosto (20).
No obstante, organizaciones como el SJH reportaron 414 muertes en centros penitenciarios. Cristosal documentó 224 fallecimientos entre marzo de 2022 y abril de 2024. Las denuncias por categoría fueron: “detenciones arbitrarias” (3,786 casos, 60% liderado por Cristosal), “allanamientos ilegales” (1,283 casos, 20.3% por Idhuca) y “negación del debido proceso” (387 casos, 6.1% por SSPAS). El 75% de las denuncias involucraron a agentes de la Policía Nacional Civil.
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