Por Alessia Genoves
Chris Van Hollen, senador del Partido Demócrata de los Estados Unidos, ha intensificado sus críticas contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por presuntas vulneraciones a los derechos humanos durante el Régimen de Excepción implementado desde marzo de 2022. Van Hollen afirmó que “lo que hemos presenciado en El Salvador se aleja profundamente de los principios democráticos que defendemos en el hemisferio occidental”, y denunció que el encarcelamiento de personas como Kilmar Ábrego García es “inconstitucional” y carente de “evidencia ante el tribunal que lo conecte con la MS-13”. A estas críticas, el presidente Bukele respondió: “transformamos la capital del asesinato del mundo en el país más seguro”, subrayando que “para liberar a millones, hay que encarcelar a algunos”.
Bukele and Trump are complicit in an illegal scheme to use US taxpayer dollars to ship people to El Salvador in violation of their constitutional rights.
— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) June 13, 2025
Today we introduced sanctions against the Bukele regime to fight this cash-for-collusion deal & assault on our Constitution: pic.twitter.com/3qEmEqhowc
En 39 meses de aplicación del Régimen de Excepción, prorrogados consecutivamente, las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR) indican una disminución del 96.2% en los homicidios intencionados: de 2,439 asesinatos en 2019 a 114 en 2024, con apenas 29 casos reportados en los primeros cinco meses de 2025. No obstante, las organizaciones humanitarias como el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) han documentado 414 muertes en custodia y más de 6,000 denuncias por detenciones arbitrarias. Bukele ha sostenido que su gobierno “ya liberó a 8,000 personas” y aseguró que “vamos a liberar el 100% de inocentes”, mientras cuestionó, durante la Sesión Solemne del 1 de junio de 2025, que “las supuestas organizaciones de derechos humanos… defienden asesinos que alguna vez masacraron a nuestra gente”.
Demócratas contra Bukele
Van Hollen ha calificado las condiciones en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) como “violatorias del derecho internacional” y ha denunciado que la detención de personas como Kilmar Ábrego García es “inconstitucional” y carente de “evidencia ante el tribunal que lo conecte con la MS-13 o cualquier otra organización criminal”, citando al juez federal Deborah L. Boardman como sustento de sus aseveraciones.
En sesiones plenarias y comisiones del Congreso, Van Hollen ha reiterado que “el gobierno del presidente Bukele debe rendir cuentas por las graves violaciones de derechos fundamentales” y ha instado al Departamento de Estado a reevaluar la cooperación bilateral con El Salvador mientras persistan las condiciones del régimen extraordinario. En su visita al país centroamericano en abril de 2025, el senador declaró: “Lo que hemos presenciado en El Salvador se aleja profundamente de los principios democráticos que defendemos en el hemisferio occidental”.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele ha defendido en foros nacionales e internacionales los logros de su gobierno en materia de seguridad. En su discurso del 1 de junio de 2025, pronunciado ante la Asamblea Legislativa, Bukele afirmó que “transformamos la capital del asesinato del mundo en el país más seguro” y sostuvo que “para liberar a millones, hay que encarcelar a algunos”. Bukele acusó a Van Hollen y a otros críticos de “instrumentalizar los derechos humanos para proteger a criminales”.
El distanciamiento entre el ala demócrata del Congreso estadounidense y el Gobierno de El Salvador se ha acentuado a partir del contrato bilateral suscrito entre agencias federales de EE.UU. y el gobierno salvadoreño, que habilitó el uso del CECOT para la custodia de extranjeros con antecedentes criminales. Entre ellos figura Kilmar Ábrego García, quien fue deportado desde Maryland en 2024 bajo acusaciones de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13).
El senador Van Hollen visitó El Salvador el 17 de abril de 2025 para entrevistarse con Ábrego, a quien consideró “objeto de una detención ilegal y arbitraria”. En sus declaraciones al medio The Hill, Van Hollen exigió que “como han dicho los tribunales federales, debemos traer al Sr. Ábrego García a casa para proteger su derecho constitucional al debido proceso”. El juez federal Theodore D. Chuang había concluido en su sentencia que la evidencia presentada por ICE no era “concluyente ni determinante”.
El presidente Bukele replicó con sarcasmo: “Kilmar Ábrego García, milagrosamente resucitado de los ‘campos de exterminio’ y la ‘tortura’, ¡ahora disfrutando de margaritas con el senador Van Hollen en el paraíso tropical de El Salvador!”. La Casa Blanca, mediante comunicados oficiales del Consejo de Seguridad Nacional, respaldó la posición del Ejecutivo salvadoreño, argumentando que “la amenaza de estructuras terroristas como la MS-13 requiere acciones contundentes de los estados soberanos”.
This DOJ backs the blue, which is why we are aggressively prosecuting criminals who assault law enforcement officers.
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) June 6, 2025
Since January, our department has brought 138 cases in 33 states against defendants who have assaulted officers.
@POTUS and I are 100% committed to standing… pic.twitter.com/5SllI4lZHU
Durante la sesión solemne del 1 de junio de 2025, Bukele criticó la calificación de su gobierno en los índices internacionales: “Países que eligen a sus jefes de Estado por herencia tienen más puntaje de democracia que nosotros, que hacemos elecciones libres”. Cuestionó la legitimidad de The Economist Intelligence Unit por otorgar una nota baja a El Salvador en su “Democracy Index”.
“Democracia es el poder del pueblo”, expresó el mandatario, y criticó que “organizaciones extranjeras disfrazadas de ONGs vengan a dictar cómo debemos gobernar”. También arremetió contra periodistas internacionales: “Nos atacan porque hemos demostrado que se puede gobernar sin ellos”. Entretanto, Chris Van Hollen, por su parte, ha reiterado que “la comunidad internacional no puede permanecer ciega ante la sistemática violación de derechos en El Salvador” y ha solicitado que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evalúe con urgencia la situación”.
?????? https://t.co/7E9XCkWiSJ pic.twitter.com/jwQ5lT63ef
— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 6, 2025
Menos homicidios y denuncias por abusos
A 39 meses de su implementación, el Régimen de Excepción ha sido prorrogado en igual número de ocasiones. Fue aprobado inicialmente mediante Decreto Legislativo n.º 333, con base en el artículo 29 de la Constitución. Esta medida permite la suspensión temporal de derechos constitucionales como la notificación inmediata del motivo de detención, la duración del arresto administrativo y la inviolabilidad de la correspondencia.
Las cifras de homicidios intencionados proporcionadas por la FGR indican una reducción progresiva: 2,439 en 2019; 1,326 en 2020; 1,162 en 2021; 496 en 2022; 154 en 2023; y 114 en 2024. Para los primeros cinco meses de 2025 se reportan 29 homicidios, lo cual representa una reducción de 96.2% respecto a 2019.
En cuanto a la tipología de los homicidios, en 2022 un total de 429 casos fueron atribuidos a la “delincuencia general” (86.5%), mientras que 36 se relacionaron con “intolerancia social” y 31 con “intolerancia familiar”. Para 2024, la “intolerancia famili2ar” pasó a ocupar el primer lugar con 47 casos (41.2%), mientras que la “delincuencia general” disminuyó a 33 (28.9%).
El promedio mensual de homicidios intencionados en 2019 fue de 203 casos. Para 2020, esta cifra se redujo a 110.5, y en 2021 a 96.8. Tras la implementación del Régimen de Excepción en marzo de 2022, se observa una caída abrupta: en el primer trimestre de ese año se registraron 165 homicidios en marzo, 76 en febrero y 82 en enero. Sin embargo, en abril solo se reportaron 23 homicidios y en diciembre, 14.
En 2023, el promedio mensual bajó a 12.8 homicidios, con un pico en octubre (21 casos) y un mínimo en noviembre (7 casos). En 2024, el promedio mensual fue de 9.5 homicidios, con los picos en mayo (17 casos) y agosto (20 casos). En lo que va de 2025, el promedio mensual es de 5.8 casos.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado que la implementación del régimen ha derivado en 414 presuntas muertes en centros penitenciarios, según el Socorro Jurídico Humanitario (SJH). Esta organización sostiene que “la mayoría de los fallecidos fueron detenidos sin pruebas concluyentes y sin acceso a defensa técnica”.
Bukele ha respondido que “ya hemos liberado a 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”. Según cifras del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, 82,963 personas han sido detenidas desde marzo de 2022, y 8,000 han sido sobreseídas por falta de pruebas.
No obstante, organizaciones como Cristosal, Idhuca, Fespad, SSPAS, Azul Originario y otras organizaciones han documentado 6,305 denuncias hasta abril de 2024. De estas, 3,786 corresponden a Cristosal (60%), 1,283 a Idhuca (20.3%), 383 a Fespad (6.1%), 387 a SSPAS (6.1%), 354 a Azul Originario (5.6%) y 50 a la Red de Defensoras de Derechos Humanos (0.8%).
Las tipificaciones más frecuentes incluyen “detenciones arbitrarias”, “allanamientos ilegales” y “negación del debido proceso”. El 75% de las denuncias se atribuyen a agentes de la Policía Nacional Civil. El SJH ha documentado 414 muertes en prisión, mientras que Cristosal contabiliza 224 fallecimientos en el mismo periodo.
Existen discrepancias internas en las declaraciones de SJH. En febrero de 2024, su representante afirmó que “99% de los fallecidos eran colaboradores de pandillas”, mientras que en diciembre de 2023 declaró que “94% eran inocentes”. Estas inconsistencias han sido criticadas por el Ejecutivo como “manipulaciones interesadas con fines políticos”.
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