Bonos Volcánicos se emitirán en 2024, con riesgos a El Salvador

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Por Alessia Genoves


Los Bonos Volcánicos (o Bonos Bitcoin) comenzarán a emitirse a partir del “primer trimestre de 2024”, así lo anunció la Oficina Bitcoin, tras el anuncio confirmatorio de la Comisión de Activos Digitales (CNAD). Ello materializaría la propuesta del presidente Nayib Bukele, anunciada en 2021, junto con la empresa responsable, Bitfinex. Ésta última entidad ya de por sí ha sido controvertida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, estableció multas de hasta $18,5 millones de dólares en su contra, debido a fraudes que implicaron “ocultar aproximadamente $850 millones en pérdidas en todo el mundo”, según el informe de la Fiscalía General de Nueva York, emitido en 2021.

Por si fuera poco, instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su artículo IV de 2023, expone que la ejecución de la política podría generar daños a la “integridad y estabilidad financieras, la sostenibilidad fiscal y la protección del consumidor, y las recomendaciones del Artículo IV de 2021”. Las advertencias también fueron reiteradas por otras instituciones como el banco JP Morgan Chase y la calificadora de riesgo, Fitch Ratings desde 2021, que señalan controversias sobre la Ley Bitcoin -en el uso obligatorio del cripto-activo (art. 7)-, así como a la volatilidad de la moneda que somete a los Bonos Volcánicos a un escenario de incertidumbre financiera.

¿Qué son los Bonos Volcánicos?

Nayib Bukele anunció la emisión de Bonos Volcánicos, al cierre de la celebración de la Latin American Bitcoin & Blockchain Conference (Labitconf) de 2021. En el proyecto, anunció su participación oficial las empresas Blockstream y iFinex (filial de Bitfinex), la última atribuyéndose los roles de “regular, emitir y operar instrumentos financieros digitalizados en El Salvador”, según lo detalla en su Acuerdo de Cooperación, divulgado en noviembre de 2021.

La emisión de los títulos valores consiste en el financiamiento de la construcción del mega-proyecto urbanístico bautizado como Bitcoin City, que se situará en el municipio de Conchagua, La Unión; y en la generación de energía geotérmica que provea el volcán de la zona. El saldo presupuestado es de $1,000 millones de dólares; y su concreción promete edificarse como una zona franca, destinada para inversionistas y atracción de empresarios que busquen ciudadanía generando puestos de trabajo a partir de un capital de $1 millón de dólares.

Incertidumbre legal

El Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de El Salvador y Bitfinex prometía seguridad para los inversionistas, a través de “leyes de seguridad digital”, según lo expuso el representante Blockstream, Samson Mow en 2021. Apenas el 7 de septiembre de ese año, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Bitcoin, y posteriormente el Fideicomiso de los Fondos Bitcoin (Fidebitcoin), último que designa del Presupuesto del Estado $15 mil millones para la emisión de BTC.

Pero hasta el mes de septiembre de 2023, ha sido aprobado el presupuesto de la Agencia Administradora de los Fondos Bitcoin (ABB), con un presupuesto de $1,895,820.00 del Presupuesto General 2023. Pero instituciones como la Fundación Cristosal han señalado “falta de transparencia”, y “silencio administrativo” a una denuncia por más de 250 casos de robo en las cuentas de Chivo Wallets de sus usuarios, la aplicación oficial que compartía un saldo de $30.00 dólares a más de 1,5 millones de salvadoreños.

Ninguno de los casos de robo en El Salvador han sido resueltos. Y mientras que empresas como Bitfinex arrastran antecedentes de corrupción en Estados Unidos, a ello se suma la reciente amonestación contra de la cripto-empresa Binance, condenada por el Departamento de Justicia al pago de una sanción de $4 billones de dólares por violaciones a la Ley de Secreto Bancario, de acuerdo al informe de su resolución titulado “Binance y su director ejecutivo se declaran culpables de cargos federales en una resolución de 4.000 millones de dólares”. Con éstas, unas 106 empresas ya figuran en el Banco Central de Reserva en la lista de Proveedores Registrados y legalizados en el país, que deben ser sometidos a la ley.

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