Por Alessia Genoves
Al 79% caen los homicidios intencionados, pero el registro no oficial de muertes en centros penitenciarons se ha elevado a 470 durante las 46 prórrogas consecutivas al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, aprobadas por la Asamblea Legislativa, desde de marzo de 2022 al 23 de diciembre de 2025. Estadísticas de homicidios de la Fiscalía General de la República (FGR) reportaron una caída de 496 casos de homicidios al cierre del año fiscal 2022, en contraste con los 114 de 2024, definiéndo una caída del 77%; mientras que, en lo que va del mes de diciembre, el reporte de homicidios intencionados caen a 71.
470 muertes presuntas en centros penales, no obstante, han sido reporetadas por el Socorro Jurídico Humanitario (SIH), cifra que supera los 435 decesos reportados durante la vigencia de la 44ª prórroga. En paralelo, el Presidente Nayib Bukele declaró en noviembre de 2024 la liberación de más de 8,000 personas tras el sobreseimiento de los delitos que justificaron su detención. Pero las detenciones continúan, pues reportes de la Policía Nacional Civil (PNC) para diciembre de 2025 identifica capturas de pandilleros de alto perfil como Vanessa Marjorie Crespín Medrano (alias “la mujer del Sayper”) de la 18R, Hermógenes Humberto Rivas Pérez (alias “Burra”) de la MS13, y Carlos Alberto Elizondo Portillo (alias “Campana”) de la MS13, deportado desde Estados Unidos.
46 Prórrogas del Régimen de Excepción
La 46ª prórroga del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales fue establecida por la Asamblea Legislativa durante la Sesión Plenaria Ordinaria No. 91, mediante la aprobación de la Pieza de Correspondencia 4-A. Obtuvo 57 votos a favor en una votación nominal y pública, tras ser sometido a dispensa de trámite, extendiendo por 30 días adicionales la vigencia de esta medida excepcional.
El fundamento legal se encuentra en el Decreto No. 333, originado en marzo de 2022. De acuerdo con el artículo 24 de la Constitución de la República de El Salvador, el régimen suspende específicamente tres derechos constitucionales. En primer lugar, se exceptúa el derecho de “ser informado de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y las razones de su detención” consagrado en el artículo 12, inciso 2º. En segundo término, se extiende el plazo de la detención administrativa de 72 horas hasta 15 días. Como tercer derecho exceptuado se encuentra la inviolabilidad de la correspondencia, establecida en el artículo 24 constitucional, lo que permite “la revisión e interceptación de comunicaciones privadas sin necesidad de orden judicial previa”.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han presentado solicitudes formales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la suspensión del régimen, fundamentadas en un balance de supuestas arbitrariedades. Cristosal señala que “las detenciones arbitrarias, la falta al debido proceso y el allanamiento de morada son los hechos violatorios más denunciados”, añadiendo que sus registros indican que “el 75% de los hechos violatorios se señaló como responsables a agentes de la PNC”.
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (Idhuca), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Azul Originario, Amate LGBT y otras organizaciones de la sociedad civil argumentan que las 46 prórrogas consecutivas constituyen una aplicación desproporcionada y prolongada de las facultades excepcionales del Estado, excediendo los límites temporales razonables para medidas de emergencia. Estas organizaciones documentan patrones de detenciones masivas, falta de acceso a defensa legal, y condiciones carcelarias inhumanas.
Homicidios caen al 79%
La FGR registró 2,398 homicidios intencionados en 2019. Esta cifra se redujo a 1,341 casos en 2020, lo que representa una disminución del 44.1%. Para 2021, la cifra fue de 1,147 homicidios, implicando una reducción adicional del 14.5% respecto a 2020 y del 52.2% en comparación con 2019. La implementación del Régimen de Excepción en marzo de 2022 coincidió con una aceleración en esta tendencia descendente. Pues, para el año 2022 cerró con 496 homicidios intencionados, lo que implica una reducción del 56.7% respecto a 2021 y del 79.3% respecto a 2019.
La categorización para 2022 muestra que la delincuencia general fue responsable de 429 casos (86.5%), la intolerancia social de 36 (7.3%) y la intolerancia familiar de 31 (6.2%). En 2023, los homicidios intencionados cayeron a 154, marcando una disminución del 68.9% respecto a 2022. La distribución por categorías evidenció un cambio: la delincuencia general registró 53 casos (34.4%), la intolerancia social 54 (35.1%) y la intolerancia familiar 47 (30.5%).
El año 2024 finalizó con 114 homicidios, una reducción del 26.0% respecto a 2023. La delincuencia general representó 33 casos (28.9%), la intolerancia social 34 (29.8%) y la intolerancia familiar 47 (41.2%). Los datos preliminares para el período de enero a octubre de 2025 reportan un total de 71 homicidios intencionados. Esta cifra contrasta con los 323 homicidios registrados en el mismo período de 2022 (enero-octubre), lo que representa una reducción del 78.0%. El promedio mensual de homicidios pasó de 203 casos en 2019 a aproximadamente 7.1 casos en los primeros diez meses de 2025, una disminución del 96.5%.
¿470 muertes en cárcel?
El OUDH, en conjunto con organizaciones independientes, ha documentado más de 6,300 denuncias de presuntas vulneraciones a los derechos humanos durante el Régimen de Excepción. Cristosal ha registrado el mayor volumen, con 3,786 denuncias hasta abril de 2024, tipificadas como: detenciones arbitrarias (45.3%), allanamientos ilegales (23.7%), tortura y tratos crueles (18.2%), negación de acceso a defensa legal (8.9%) y desapariciones temporales (3.9%). Idhuca ha registrado 1,283 casos, enfocándose en la proporcionalidad de las medidas y documentando extensiones de la detención administrativa más allá de los 15 días establecidos.
Fespad, con 383 casos, reporta violaciones al debido proceso y garantías judiciales. Azul Originario (354 casos) documenta patrones de detenciones masivas en comunidades específicas. Amate LGBT ha aportado documentación especializada sobre presuntas detenciones arbitrarias basadas en orientación sexual o identidad de género. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe “Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador” de 2024, señaló problemas como el aislamiento prolongado, afectaciones a la salud, la suspensión del régimen de visitas y la desaparición forzada de personas por cortos períodos debido a la falta de documentación oportuna.
El Socorro Jurídico Humanitario (SIH) ha documentado 435 muertes en centros penales desde el inicio del régimen, el 27 de marzo de 2022, hasta noviembre de 2024. En declaraciones públicas, Ingrid Escobar, representante legal del SIH, indicó en diciembre de 2023 que “el 94% eran inocentes” refiriéndose a 213 muertes. En febrero de 2024 modificó su caracterización, señalando que “cerca del 99%” de 236 muertes “habrían sido señalados como colaboradores de pandillas”. Escobar añadió que “a todos les habían puesto colaboradores, ni siquiera les habían puesto homeboys o en proceso de serlo; sino colaboradores de pandillas”.
La cifra reportada por el SIH se elevó posteriormente a 470 muertes presuntas, superando los 435 decesos registrados anteriormente. Estas muertes ocurren en un contexto de hacinamiento carcelario crítico. Hasta junio de 2025, el sistema penitenciario salvadoreño albergaba a 114,420 personas privadas de libertad (PPL), frente a una capacidad instalada de 30,864 en el Antiguo Sistema Penitenciario (ASP) y 40,000 en el Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo (CECOT).
Esto se traduce en un hacinamiento global estimado del 250%, alcanzando el 322% en el ASP. En noviembre de 2024, durante una visita a Costa Rica, el presidente Nayib Bukele declaró que “ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”, reconociendo implícitamente errores en las detenciones masivas. Esta cifra representa aproximadamente el 9.6% del total de 82,963 detenidos reportados hasta octubre de 2024.
Mareros siguen en las calles
La persistencia de las pandillas motiva la continuidad del Régimen de Excepción, como lo evidencian los reportes de capturas realizadas por la Policía Nacional Civil (PNC) en diciembre de 2025. El 1 de diciembre, la PNC capturó a Vanessa Marjorie Crespín Medrano, alias “la mujer del Sayper”, una homegirl de la 18R con antecedentes desde 2017 por extorsión agravada, ubicada en Santa Ana. Ese mismo día fue detenido Hermógenes Humberto Rivas Pérez, alias “Burra”, de la clica Cobras Locos Salvatruchos, un homeboy de la MS13 con función de gatillero que tenía orden de captura por agrupaciones ilícitas y había huido a Guatemala en 2017.
También fue capturado Elmer Gómez Ascencio, alias “Patrón” o “Nerón”, homeboy de la MS13, en San Salvador Sur. En La Libertad Sur, se capturó a seis pandilleros del programa Libertad de la MS13, entre ellos María de los Ángeles López de Ortiz (alias “Mari Piojo”), Reyna Isabel López de López (alias “Mujer de Calavera”), Luis Antonio Hernández (alias “Fogel”), José Arístides Pérez Mendoza (alias “Pan Dundo”), José Edgardo López Palacios (alias “Calavera”) y Edith Veraliz Romero de Ortiz (alias “Mujer del Catrín”).
En La Libertad Sur, capturamos en conjunto con @FUERZARMADASV a varios pandilleros del programa Libertad, de la MS13.
— PNC El Salvador (@PNCSV) December 2, 2025
Se trata de:
▫️María de los Ángeles López de Ortiz, alias Mari Piojo, de 24 años de edad.
▫️Reyna Isabel López de López, alias Mujer de Calavera, de 44 años.… pic.twitter.com/fAj9Av6mU8
El 5 de diciembre, la PNC reportó la captura de Carlos Alberto Elizondo Portillo, alias “Campana”, de la MS13, clica Opico Locos Salvatruchos, un “peligroso terrorista” deportado desde Estados Unidos, con orden de captura vigente por homicidio agravado. El 6 de diciembre fue detenida Ruth Nohemi Cortez Torres, alias “la Chuquera”, pandillera de la clica Armenia Locos Salvatruchos de la MS13 en Izalco, Sonsonate, con antecedentes por extorsión. El 7 de diciembre se capturó a Jaime Oswaldo Cortez Gutiérrez, alias “Monge”, gatillero de la 18S en Sonsonate, con antecedentes desde 2002 por homicidio en grado de tentativa, lesiones, robo y amenazas. El 8 de diciembre fue detenido José Mauricio Rivas, alias “Ejote”, de la MS13 en Sonsonate, quien modificó sus tatuajes para evadir la captura.
José Mauricio Rivas, alias Ejote, es un pandillero de la MS13 que fue capturado en el barrio Veracruz, Sonsonate Centro.
— PNC El Salvador (@PNCSV) December 8, 2025
Este terrorista modificó el diseño de los tatuajes de su pandilla para evadir la #GuerraContraPandillas
Tiene antecedentes delictivos por desórdenes… pic.twitter.com/w5A1ig6BRO
El 10 de diciembre se reportó un homicidio en San Juan Nonualco, La Paz Este, con una víctima mujer de 22 años lesionada con arma blanca. Ese mismo día fue detenido José Amadeo Maradiaga Franco en La Unión, con orden de captura por homicidio agravado girada en Morazán. También fue capturado Óscar Alberto Bustillo Espinal, alias “Dumbo” o “Nuca Torcida”, de la MS13, en San Miguel, por robo a mano armada, portación irresponsable de arma de fuego y agrupaciones ilícitas. El presunto responsable del homicidio en San Juan Nonualco, Isaías Alexander Mejía Cerna, fue capturado horas después; tenía antecedentes por agrupaciones ilícitas en 2007 y en sus detenciones previas (2009, 2011) se hacía acompañar por homeboys de la pandilla 18.
Tenemos una misión clara y es que ningún homicidio debe quedar en la impunidad.
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) December 11, 2025
Este día, se reportó el asesinato de una mujer de 22 años en San Juan Nonualco, La Paz, inmediatamente, nuestra @PNCSV dio seguimiento al caso y, en cuestión de horas, se identificó al responsable y… https://t.co/8DtRk0Lo1p pic.twitter.com/2TYcWCftEU
El 11 de diciembre, mediante la plataforma ONI, se identificaron y capturaron tres homeboys: Julio Alejandro Ángel González, alias “el Coludo”, de la MS13 en Cuscatlán; José Adolfo Miranda Castañeda, alias “Slayer”, de la 18R en Cojutepegue; y Jonas Eliseo Barrientos Trujillo, alias “Cheyo”, de la MS13 en La Unión. Ese mismo día se reportó un homicidio en Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate, donde la víctima, un hombre de 28 años, fue lesionado con un corvo por su padre, Miguel Ángel Sánchez Chávez, de 50 años, quien fue capturado.
El 13 de diciembre fue intervenido Ricardo Alonso Bonilla Sarmiento, homeboy de la MS13, en La Libertad Sur, por conducción peligrosa y agrupaciones ilícitas. Ese mismo día se reportó un homicidio en Jayaque, La Libertad Oeste, con una víctima hombre de 31 años que recibió un disparo. El 18 de diciembre fue capturado Levi Martín Cerritos Quinteros, de 40 años, en Morazán, con orden de captura por homicidio simple, quien había huido a Estados Unidos y regresado al país. El 22 de diciembre se detuvo a Juan Antonio Rivas Cerritos, de 50 años, homeboy de la MS13 en La Libertad Centro, con antecedentes desde 2008 por homicidio en grado de tentativa y daños, quien modificó sus tatuajes.
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