Por Alessia Genoves
Cuarenta prórrogas al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa, durante la Sesión Plenaria Ordinaria No. 62, extendiendo por 30 días más la suspensión de derechos fundamentales establecida mediante el Decreto No. 333 desde marzo de 2022. La política de seguridad se mantiene en el contexto de la Guerra Contra Pandillas, mientras los datos de la Fiscalía General de la República (FGR) registran una reducción de homicidios intencionales, pasando de 496 casos en 2022 a 114 en 2024, una disminución del 77%.
El período crítico de enero a marzo muestra una reducción aún más pronunciada, de 323 homicidios en 2022 a 22 casos en el mismo período de 2025, según registros oficiales. No obstante, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha documentado 423 muertes en centros penales durante la vigencia del régimen, mientras que el presidente Nayib Bukele declaró, en noviembre de 2024, la liberación de más de 8,000 personas tras el sobreseimiento de los delitos que justificaban su detención, reconociendo errores en detenciones han alcanzado más de 82,963 personas.
40 prórrogas del Régimen y la Oposición
La Asamblea Legislativa aprobó la cuadragésima prórroga del Régimen, mediante la Pieza de Correspondencia 4-A, que fue aprobada con 57 votos a favor por votación nominal y pública, tras ser sometida a dispensa de trámite durante la Sesión Plenaria Ordinaria No. 62. Esta decisión extiende por 30 días adicionales la vigencia de la medida extraordinaria, acumulando un total de 1,200 días de suspensión ininterrumpida de garantías constitucionales desde su implementación inicial.
El Régimen de Excepción, fundamentado en el artículo 24 de la Constitución de la República de El Salvador, mantiene la suspensión de tres derechos fundamentales específicos consagrados en el texto constitucional. La medida interrumpe el derecho de “ser informado de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y las razones de su detención” establecido en el artículo 12, inciso 2º de la Constitución, permitiendo que las autoridades omitan la explicación detallada de los motivos de una detención. Asimismo, la detención administrativa, originalmente limitada a 72 horas según el marco legal ordinario, se extiende hasta 15 días, ampliando el margen de acción de las autoridades judiciales y policiales para el procesamiento de detenidos.
El tercer derecho suspendido corresponde a la inviolabilidad de la correspondencia establecida en el artículo 24 constitucional, permitiendo la revisión e interceptación de comunicaciones privadas sin necesidad de orden judicial previa. Esta disposición faculta a las autoridades para acceder a correspondencia personal, comunicaciones telefónicas y digitales como parte de las investigaciones relacionadas con actividades de pandillas y crimen organizado.
La implementación constitucional del Régimen requiere que la Asamblea evalúe periódicamente si “continúan las circunstancias concomitantes que lo motivaren”, según establece el artículo 24 constitucional. Las 40 prórrogas consecutivas aprobadas hasta la fecha representan una aplicación extraordinaria y prolongada de esta medida, que originalmente fue concebida como una herramienta temporal para situaciones de crisis institucional severa.
No obstante, las limitaciones actuales generan disconformidades. Organizaciones de derechos humanos han presentado solicitudes formales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la suspensión del Régimen de Excepción, fundamentando sus peticiones en documentación detallada sobre presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales. El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (Idh-UCA), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Azul Originario, Amate LGBT, Cristosal y otras entidades de la sociedad civil han denunciado ésta práctica, a través de denuncias y evidencias presentadas, para solicitar su suspensión.
Las organizaciones argumentan que las 40 prórrogas del Régimen constituye una aplicación desproporcionada de las facultades excepcionales del Estado, excediendo los límites temporales razonables para medidas de emergencia. Cristosal señala que “las detenciones arbitrarias, la falta al debido proceso y el allanamiento de morada son los hechos violatorios más denunciados”, mientras que sus registros indican que “el 75% de los hechos violatorios se señaló como responsables a agentes de la PNC“.
Homicidios caen un 77%
La FGR ha documenta que desde 2019 se registraron 2,398 homicidios intencionales, estableciendo un punto de referencia crítico para medir el impacto de las políticas de seguridad posteriores. Durante 2020, el número de homicidios se redujo a 1,341 casos, representando una disminución del 44.1% respecto al año anterior, lo que marcó el inicio de una tendencia descendente que se mantendría en los años subsiguientes.
El año 2021 registró un total de 1,147 homicidios intencionales, evidenciando una reducción adicional del 14.5% respecto a 2020 y del 52.2% en comparación con 2019. Esta disminución gradual se aceleró con la implementación del Régimen de Excepción en marzo de 2022, cuando el país identificó 496 homicidios intencionales durante todo el año fiscal, representando una reducción del 56.7% respecto a 2021 y del 79.3% en comparación con 2019.
La distribución mensual de homicidios durante 2022 muestra una concentración significativa en los primeros meses del año, previo a la implementación del régimen. Los registros de la FGR indican que enero registró 82 homicidios, febrero alcanzó 76 casos, y marzo experimentó un incremento crítico a 165 homicidios, totalizando 323 casos en el primer trimestre. Esta cifra contrasta dramáticamente con los 22 homicidios registrados en el mismo período de 2025, evidenciando una reducción del 93.2% en el trimestre más crítico.
El análisis por categorías de homicidios en 2022 revela que la delincuencia general fue responsable de 429 casos, representando el 86.5% del total anual. Los homicidios por intolerancia social alcanzaron 36 casos (7.3%), mientras que los relacionados con intolerancia familiar registraron 31 casos (6.2%). Esta distribución evidencia que la criminalidad organizada constituía el factor dominante en la violencia letal del país.
Durante 2023, los homicidios intencionales se redujeron a 154 casos, marcando una disminución del 68.9% respecto a 2022. La distribución por categorías muestra un cambio en los patrones de violencia: la delincuencia general registró 53 casos (34.4%), la intolerancia social alcanzó 54 casos (35.1%), y la intolerancia familiar documentó 47 casos (30.5%). Esta redistribución indica una transformación en la naturaleza de la violencia letal, con mayor participación relativa de conflictos sociales y familiares.
El año 2024 cerró con 114 homicidios intencionales, representando una reducción del 26.0% respecto a 2023 y del 77.0% en comparación con 2022. La distribución categórica muestra 33 casos atribuidos a delincuencia general (28.9%), 34 casos por intolerancia social (29.8%), y 47 casos por intolerancia familiar (41.2%). Esta evolución confirma la tendencia hacia una mayor participación de la violencia interpersonal en el total de homicidios.
El análisis mensual de 2024 evidencia variaciones significativas en la incidencia de homicidios. Enero registró 9 casos, febrero 7, marzo 13, abril 7, mayo 17, junio 5, julio 15, agosto 20, septiembre 9, octubre 5, noviembre 6, y diciembre 1 homicidio. El pico de agosto (20 casos) y la fluctuación general demuestran la persistencia de desafíos en el control absoluto de la violencia letal.
Los datos preliminares de 2025 muestran una continuidad en la tendencia descendente, con 6 homicidios en enero, 5 en febrero, y 11 en marzo, totalizando 22 casos en el primer trimestre. Esta cifra representa una reducción del 93.2% respecto al mismo período de 2022, cuando se registraron 323 homicidios en los primeros tres meses del año. El promedio mensual de homicidios pasa de 203 casos mensuales en 2019 a 11.6 casos mensuales en 2024, representando una reducción del 94.3%.
Más de 6,000 denuncias de vulneraciones a derechos humanos
Fespad ha registrado 383 casos de presuntas vulneraciones, enfocándose en violaciones al debido proceso y garantías judiciales. Sus reportes documentan casos específicos donde detenidos permanecen sin acceso a defensa legal durante períodos prolongados, excediendo los límites establecidos incluso bajo el régimen excepcional. La organización ha identificado que las detenciones arbitrarias constituyen el tipo de violación más frecuente, seguidas por la falta de notificación de cargos específicos y la negación de acceso a familiares.
Azul Originario ha documentado 354 casos de presuntas vulneraciones, concentrando sus esfuerzos en violaciones que afectan a grupos específicos de la población, incluyendo jóvenes, mujeres y personas de comunidades rurales. Sus registros evidencian patrones de detenciones masivas en comunidades específicas, donde autoridades realizan operativos sin criterios de individualización de responsabilidades penales. La organización ha documentado casos donde familias completas son detenidas bajo presunciones de vínculos con pandillas, sin evidencia específica contra individuos particulares.
Amate LGBT ha contribuido con documentación especializada sobre presuntas vulneraciones que afectan a personas de la diversidad sexual, registrando casos específicos donde la orientación sexual o identidad de género han sido utilizadas como criterios para presuntas detenciones arbitrarias. Sus reportes incluyen testimonios de discriminación y maltrato específico hacia personas LGBT+ en centros de detención, evidenciando vulnerabilidades particulares de este grupo poblacional.
Cristosal ha registrado el mayor número de casos individuales, con 3,786 denuncias documentadas hasta abril de 2024. Sus registros incluyen una tipificación detallada de presuntas violaciones: detenciones arbitrarias (45.3% de los casos), allanamientos ilegales (23.7%), tortura y tratos crueles (18.2%), negación de acceso a defensa legal (8.9%), y desapariciones temporales (3.9%). La organización ha documentado que “el 75% de los hechos violatorios se señaló como responsables a agentes de la PNC“, evidenciando patrones institucionales en las presuntas violaciones.
El Idhuca ha registrado 1,283 casos, enfocándose en análisis jurídicos detallados sobre la proporcionalidad de las medidas aplicadas. Sus reportes documentan casos donde la duración de la detención administrativa excede los 15 días establecidos en el régimen excepcional, constituyendo violaciones incluso dentro del marco legal extraordinario. La organización ha identificado que aproximadamente el 23% de los casos documentados corresponden a personas posteriormente liberadas sin cargos, evidenciando errores en los procesos de detención.
El Servicio Social Pasionista (SSPAS) ha contribuido con 387 reportes, concentrándose en documentación de casos que afectan a familias y comunidades específicas. Sus registros incluyen testimonios detallados sobre el impacto social de las detenciones masivas, documentando casos donde el sostén económico familiar ha sido detenido sin evidencia específica, generando crisis económicas en núcleos familiares completos.
La Red de Defensoras de Derechos Humanos ha documentado 50 casos específicos que afectan a mujeres defensoras de derechos humanos y líderes comunitarias. Sus reportes evidencian un patrón de hostigamiento hacia personas que realizan trabajo de documentación de presuntas violaciones, incluyendo amenazas, seguimientos y detenciones de defensoras que brindan asistencia legal a víctimas del régimen excepcional.
423 muertes en Cárceles: Socorro Jurídico
El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha documentado 423 muertes en centros penales durante la vigencia del Régimen de Excepción, estableciendo un registro detallado que abarca desde el 27 de marzo de 2022 hasta noviembre de 2024. Esta cifra representa la documentación más comprehensiva realizada por una organización independiente sobre mortalidad en el sistema penitenciario durante el período excepcional, superando significativamente los registros oficiales proporcionados por las autoridades estatales.
Ingrid Escobar, representante legal del SJH, ha realizado declaraciones públicas que evidencian inconsistencias en la caracterización de las víctimas por parte de las autoridades penitenciarias. En una entrevista del 28 de diciembre de 2023, Escobar declaró que “el 94% eran inocentes” refiriéndose a 213 muertes registradas hasta esa fecha, mientras que “el 6% de las 213 muertes eran perfilados de pandillas”. Sin embargo, en una declaración posterior del 24 de febrero de 2024 en el programa “Entrevista con Julio Villagrán” de TVX, la representante modificó su caracterización, señalando que “cerca del 99%” de 236 muertes reportadas hasta entonces “habrían sido señalados como colaboradores de pandillas”.
@SJHumanitario confirmo este jueves que se ha reportado la víctima mortal número 423 durante la medida #RegimenDeExcepcion
— Horizonte Prensa Digital (@HpdNoticias) July 3, 2025
Salvadoreños que murieron en el sistema penal sin derecho a una 2da audiencia.
El 94% de estas víctimas mortales no tenían perfil de pandilleros. pic.twitter.com/zAgJoCb91U
La evolución en las declaraciones de Escobar evidencia la complejidad en la clasificación de las víctimas y las inconsistencias en la información proporcionada por las autoridades penitenciarias. Según sus declaraciones más recientes, “a todos les habían puesto colaboradores, ni siquiera les habían puesto homeboys o en proceso de serlo; sino colaboradores de pandillas”, sugiriendo una categorización sistemática que no correspondería necesariamente con el nivel real de participación en estructuras criminales.
El contraste entre las cifras del SJH y otros registros independientes revela discrepancias significativas en la documentación de mortalidad carcelaria. Cristosal, coordinando con otras organizaciones excepto el SJH, ha registrado 224 muertes en cárceles desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 28 de abril de 2024, una cifra inferior a los 330 casos documentados por el SJH para un período similar. Esta diferencia de aproximadamente 100 casos evidencia desafíos en la verificación independiente de información sobre mortalidad en centros penales.
Las condiciones de hacinamiento en el sistema penitenciario han alcanzado niveles críticos, con más de 80,000 detenidos en instalaciones cuya capacidad instalada original era significativamente inferior. Los datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública indican que 82,963 personas han sido detenidas bajo el régimen excepcional, mientras que la capacidad histórica del sistema penitenciario salvadoreño no superaba las 10,000 plazas antes de la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y otras instalaciones de emergencia.
La construcción acelerada de nuevas instalaciones penitenciarias, incluyendo el CECOT con capacidad para 40,000 internos, ha sido insuficiente para resolver completamente el problema de hacinamiento. Los registros internos de las autoridades penitenciarias indican que la ocupación promedio supera el 200% de la capacidad instalada en múltiples centros, generando condiciones que organizaciones de derechos humanos consideran incompatibles con estándares internacionales de derechos humanos.
Bukele y los 8,000 liberados inocentes
El presidente Nayib Bukele declaró sobre la liberación de personas detenidas durante su visita a Costa Rica en noviembre de 2024, donde afirmó que “ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”. Esta declaración constituye el reconocimiento oficial más explícito sobre errores en las detenciones masivas realizadas bajo el Régimen de Excepción, admitiendo implícitamente que una proporción significativa de las personas capturadas no tenían vínculos reales con actividades criminales.
La cifra de 8,000 personas liberadas representa aproximadamente el 9.6% del total de 82,963 detenidos reportados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública hasta octubre de 2024. Esta proporción indica que uno de cada diez detenidos ha sido posteriormente sobreseído de los cargos que justificaron su captura, evidenciando errores sistemáticos en los procesos de identificación y detención de presuntos miembros de pandillas.
El presidente Bukele también cuestionó cifras alternativas proporcionadas por organizaciones de derechos humanos, específicamente refutando estimaciones de 30,000 personas inocentes detenidas que habían sido atribuidas al Socorro Jurídico Humanitario. En sus declaraciones en Costa Rica, Bukele “acusa al Socorro Jurídico Humanitario, la Fundación Cristosal y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) de inventar la cifra de 30 mil inocentes detenidos y afirma que estas organizaciones pertenecen al FMLN”.
La respuesta del SJH a estas acusaciones fue categórica, declarando que “ningún miembro de la Junta Directiva del SJH son miembros del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)”. La organización proporcionó información específica sobre Ingrid Escobar, quien “fue parte de los más de 1,700 trabajadores despedidos, siendo de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) hasta el 29 de octubre de 2021”.
La aritmética de las detenciones y liberaciones presenta complejidades adicionales cuando se contrasta con las estimaciones originales del gobierno sobre el número de pandilleros en libertad. En 2018, la Policía Nacional Civil estimaba que 76,600 pandilleros permanecían en libertad, mientras que el total actual de detenidos (82,963) supera esta cifra inicial. Si se sustraen las 8,000 liberaciones reconocidas por el presidente, aproximadamente 74,963 personas permanecerían bajo custodia, sugiriendo que el número de detenidos excede significativamente las estimaciones originales de miembros de pandillas.
Las autoridades de seguridad han modificado sus estimaciones sobre pandilleros en libertad, indicando que aproximadamente 6,600 permanecen sin capturar a mediados de octubre de 2024. Esta cifra representa una reducción significativa respecto a las estimaciones de 2018, pero plantea interrogantes sobre la precisión de las cifras originales y la metodología utilizada para identificar y cuantificar la membresía de pandillas.
Un informe de InSight Crime de septiembre de 2023, basado en documentos confidenciales de la PNC, reveló que las tres principales pandillas mantenían 54 grupos armados activos, principalmente en zonas rurales. Los informes policiales detallaban que el 33% de miembros de la MS-13, el 35% de Barrio 18 Sureños, y el 46% de Barrio 18 Revolucionarios permanecían sin ser detenidos, evidenciando la complejidad del desmantelamiento completo de estas estructuras criminales.
Las declaraciones presidenciales sobre la liberación del “100% de inocentes” establecen un compromiso público que requerirá procesos de revisión sistemática de los casos de las aproximadamente 75,000 personas que permanecen detenidas después de las liberaciones ya realizadas. Este proceso implica desafíos logísticos y jurídicos significativos, considerando la necesidad de revisar individualmente decenas de miles de casos para determinar la procedencia de los cargos y la evidencia disponible contra cada detenido.
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