Por Alessia Genoves
33 prórrogas al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa. La política de seguridad fue aprobada con 57 votos a favor, a través de la dispensa de trámite de la Pieza de Correspondencia 1-A, que desfiló en la Sesión Plenaria Ordinaria No. 32. Con ello, se extienden a 30 días más de vigencia la suspensión de las garantías constitucionales de la inviolabilidad de la correspondencia, el derecho a ser informado por los motivos de la detención y la prolongación de la detención administrativa a 15 días.
Durante la vigencia del Régimen se han reducido al 20.96% la incidencia de homicidios intencionados durante su vigencia, al reducir el registro de los 496 en 2022 a los 104 a septiembre de 2024. Mientras que el informe “Índice Global de Crimen Organizado 2023” de la Organización Global Initiative posiciona a El Salvador en el puesto 52 de 193 países a nivel mundial, con una puntuación de criminalidad de 5.92 sobre 10.
#Plenaria32 | Con 57 votos a favor, prorrogamos el #RégimenDeExcepción, a fin de continuar garantizando la paz y la seguridad a los salvadoreños. pic.twitter.com/UE96ZhTP4r
— Asamblea Legislativa ?? (@AsambleaSV) December 5, 2024
Han sido detenidos, en ese período, unas 82,963 personas detenidas bajo la presunción de pertenecer a maras o pandillas, según lo indicó el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro. De ese total, no obstante, el Estado ha “liberado 8,000 personas” que eran “inocentes”, tras ser sobreseídas de las acusaciones que determinaban su detención, según lo indicó el presidente Nayib Bukele. Y aunque el mandatario prometió “liberar al 100% de inocentes”, entre marzo de 2022 a octubre de 2023, organizaciones adscritas al Observatorio de Derechos Humano de la Universidad José Matías Deltgado (IDHUCA), han reportado hasta 6,250 denuncias de presuntas vulneraciones a los derechos humanos, y hasta 347 presuntas muertes en Centros Penales.
Distribución de Detenciones y Personas Inocentes
El Régimen
El Régimen de Excepción, fundamentado en el artículo 24 de la Constitución de la República de El Salvador, representa una medida extraordinaria que suspende determinadas garantías constitucionales. Esta normativa excepcional permite la interrupción temporal de derechos fundamentales bajo circunstancias que requieren una intervención del Estado para preservar el orden público y la seguridad ciudadana. La implementación de esta medida implica una profunda modificación del marco legal ordinario, permitiendo al Estado ejercer facultades especiales en momentos de crisis institucional.
La suspensión de garantías afecta principalmente tres derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Según el texto constitucional, se interrumpe el derecho de “ser informado de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y las razones de su detención” (artículo 12, inciso 2º), lo que significa que las autoridades pueden omitir la explicación detallada de los motivos de una detención. Asimismo, la detención administrativa, originalmente limitada a 72 horas, se extiende hasta 15 días, ampliando significativamente el margen de acción de las autoridades judiciales y policiales. La normativa también suspende la inviolabilidad de la correspondencia, permitiendo la revisión e interceptación de comunicaciones privadas sin necesidad de orden judicial previa.
La implementación del Régimen de Excepción requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa, quien debe evaluar periódicamente si “continúan las circunstancias concomitantes que lo motivaren”. En este caso, se han aprobado 33 prórrogas consecutivas, cada una extendiendo la vigencia por períodos de 30 días, lo que representa un total de 990 días de vigencia ininterrumpida desde su implementación. Esta decisión fue adoptada con 57 votos a favor, a través de la dispensa de trámite de la Pieza de Correspondencia 1-A, en la Sesión Plenaria Ordinaria No. 32.
Posición de El Salvador en el contexto regional
Según el “Índice Global de Crimen Organizado 2023” de la Organización Global Initiative, El Salvador presenta una compleja radiografía criminal que merece un análisis pormenorizado. El país se posiciona en el puesto 52 de 193 países, con una puntuación de criminalidad de 5.92 sobre 10, lo que representa una evaluación intermedia pero significativa en el contexto global de la criminalidad organizada.
La composición de esta puntuación revela matices importantes. Los mercados criminales obtienen una calificación de 5.43, mientras que los actores criminales alcanzan 6.40. Los aspectos más preocupantes incluyen la extorsión y cobros ilegales por protección con 7.50, el comercio de cocaína con 7.50, la trata de personas con 7.00, el tráfico de personas con 7.00, el tráfico de armas con 7.00 y el comercio de cannabis con 7.00. En cuanto a los actores criminales, los grupos de tipo mafioso obtienen la puntuación más alta de 8.50, seguidos por actores integrados en el Estado con 7.50 y redes criminales con 7.00.
En el ámbito americano, El Salvador ocupa el puesto 13 de 35 países, con variaciones significativas respecto a sus países vecinos. Honduras registra 6.51, Guatemala 6.38, Belice 5.86, Nicaragua 5.67, Costa Rica 5.40 y Panamá 5.17. Honduras (6.51 – puesto 36), Guatemala (6.38 – puesto 40), Belice (5.86 – puesto 54), Nicaragua (5.67 – puesto 62), Costa Rica (5.40 – puesto 68) y Panamá (5.17 – puesto 76). Dentro de América Central específicamente, El Salvador ocupa el quinto lugar de 8 países, superado por Honduras, Guatemala, Belice y Nicaragua, pero por delante de Costa Rica, Panamá y México.
La FGR registra 104 homicidios intencionales hasta septiembre de 2024, distribuidos en tres categorías: 32 relacionados con delincuencia general, 33 por intolerancia social y 39 por intolerancia familiar. El desglose mensual de 2024 muestra una fluctuación significativa: enero comenzó con 9 homicidios, seguido de 8 en febrero, 13 en marzo, una reducción a 7 en abril, un incremento a 16 en mayo, nueva reducción a 8 en junio, aumento a 15 en julio, un pico de 20 en agosto, y una reducción final a 8 en septiembre. Durante 2023, el total anual fue de 154 homicidios, con la siguiente distribución: 53 casos atribuidos a delincuencia general, 54 a intolerancia social y 47 a intolerancia familiar.
Reducción de homicidios
La FGR señala un total de 104 homicidios se distribuye en tres categorías: 32 relacionados con delincuencia general, 33 por intolerancia social y 39 por intolerancia familiar. El desglose mensual de 2024 muestra una significativa fluctuación: enero registró 9 homicidios, febrero 8, marzo 13, abril 7, mayo 16, junio 8, julio 15, agosto 20 y septiembre 8. Esta variabilidad evidencia la complejidad de las dinámicas criminales, incluso bajo un régimen de excepción.
Mientras que, en 2019, el promedio mensual de homicidios era de 203, mientras que en 2024 se redujo a 11.6 homicidios mensuales. El primer semestre de 2024 cerró con 61 homicidios, representando una disminución del 95% en un periodo de cinco años. El MJSP ha proporcionado datos precisos sobre las detenciones masivas realizadas durante el Régimen de Excepción. El total de personas detenidas bajo la presunción de pertenecer a maras o pandillas alcanza 82,963, una cifra significativamente superior a las estimaciones iniciales gubernamentales de 76,600 pandilleros en libertad desde 2018.
El presidente Nayib Bukele ha declarado públicamente que “hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”, reconociendo implícitamente errores en las detenciones masivas. Esta afirmación genera una compleja aritmética judicial: de las 82,963 personas detenidas, 8,000 han sido sobreseídas, lo que representa aproximadamente el 9.6% del total de capturados.
La diferencia aritmética sugiere que 74,963 personas permanecen bajo custodia, mientras las autoridades estiman cerca de 6,600 pandilleros aún en libertad a mediados de octubre de 2024. Un informe de InSight Crime de septiembre de 2023, basado en documentos confidenciales de la Policía Nacional Civil (PNC), reveló detalles adicionales sobre la composición de estos grupos criminales, indicando que las tres principales pandillas mantenían 54 grupos armados, principalmente en zonas rurales.
Los informes policiales de 2023 detallaban porcentajes específicos de miembros no capturados: 33% de la MS13, 35% de Barrio 18 Sureños y 46% de Barrio 18 Revolucionarios permanecían sin ser detenidos, evidenciando la complejidad del desmantelamiento de estas estructuras criminales.
Presuntas Vulneraciones a Derechos Humanos
Las organizaciones de derechos humanos han documentado meticulosamente las presuntas vulneraciones durante el Régimen de Excepción. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad José Matías Delgado (IUDOP) ha registrado 6,250 denuncias de presuntas vulneraciones durante los primeros 19 meses de la implementación.
Un análisis detallado de los reportes de diferentes organizaciones revela un panorama complejo. Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), el Servicio Social Pasionista (SSPAS), Azul Originario (AZO) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) han contabilizado un total de 6,305 denuncias de presuntas vulneraciones.
Distribución de denuncias de presuntas vulneraciones a los derechos humanos según las organizaciones reportantes hasta abril de 2024.
Amnistía Internacional presenta cifras aún más alarmantes, reportando 73,000 presuntas vulneraciones a derechos humanos y 327 casos de desapariciones forzadas hasta diciembre de 2023. La representante legal del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, ha realizado declaraciones controvertidas sobre las muertes en centros penitenciarios, señalando inicialmente que el 94% de las víctimas eran “inocentes” y posteriormente modificando su declaración para indicar que aproximadamente el 99% de las muertes correspondían a “colaboradores de pandillas”.
Pero las cifras del SJH no ha sido verificada por organizaciones distintas, cuando menos por el propio Gobierno. Por otra parte, el SJH sí enumera hasta 330 muertes al interior de los recintos penitenciarios, durante el contexto del Régimen de Excepción; es decir, desde la fecha del 27 de marzo de 2022 al 7 de noviembre de 2024. Éste dato sería más próximo al divulgado por Cristosal, que engloba al resto de las instituciones con excepción del SJH, y que corresponde a una cifra de 224 muertes en cárceles desde el 27 de marzo de 2022 al 28 de abril de 2024.
Durante la conferencia de prensa antes de la caminata, @Ingrydadriana del @SJHumanitario dijo que ya contabilizan 347 muertos en centros penales. pic.twitter.com/0uqpF8iTaE
— LPGJudicial (@LPGJudicial) December 10, 2024
Por otra parte, para la fecha del 24 de febrero de 2024, el SJH señaló que cerca de los 236 de los reportes de muertes en centros penales, hasta entonces, habrían sido señalados como colaboradores de pandillas, en una proporción de “cerca del 99%”, según lo indicó su representante legal, Ingrid Escobar. Según lo declaró en el programa de Entrevista con Julio Villagrán de TVX, transmitido esa mañana “a todos les habían puesto colaboradores, ni siquiera les habían puesto homeboys o en proceso de serlo; sino colaboradores de pandillas”. Mientras que, en una entrevista anterior divulgada el 28 de diciembre de 2023, la representante del SJH señaló una proporción del 6% de las 213 muertes eran “perfilados de pandillas” y que el “94% eran inocentes”.
Por otra parte, el SJH no refutó la presunción de que hagan 30 mil inocentes en el sistema penitenciario de El Salvador. Por el contrario, declaró, categóricamente, que “ningún miembro de la Junta Directiva del SJH son miembros del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)”. Por el contrario, personas Ingrid Escobar, fue parte de los más de 1,700 trabajadores despedidos, siendo de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) hasta el 29 de octubre de 2021.
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