Por Alessia Genoves
Condenados a 15 años de prisión han sido ex-militares por el asesinato de 4 periodístas holandeses. La resolución fue emitida por el Juzgado de Segunda Instancia de Dulce Nombre de María, con sede en Ahuachapán, con una resolución dictada en primera instancia contra los generales Francisco Antonio Morán y Mario Adalberto Reyes Mena, sentenciados como “autores mediatos” del crimen de lesa humanidad por el asesinato de los cuatro periodistas holandeses Koos Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Wilemsen, ocurrido el 17 de marzo de 1982 en Santa Rita, Chalatenango. Asimismo, se ratificó la imputación en “comisión por omisión” de los generales José Guillermo García y Rafael Flores Lima por su presunta responsabilidad en la cadena de mando que permitió la ejecución.
Este fallo se inscribe en el expediente 32-S-2021, incoado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 6 de mayo de 2021, y forma parte de un proceso judicial de casi cuatro años de duración, marcado por la denegación de ex-carcelación a los acusados y respaldado en las últimas actualizaciones remitidas por la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y la Fundación Comunicándonos, que emitieron declaraciones favorables al resultado judicial.
#JusticiaSV ??| Declaran culpables a exmilitares por asesinato a periodistas holandeses en 1982
— Centros Judiciales El Salvador (@JuzgadosSV) June 4, 2025
El Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, llevó a cabo la audiencia de vista pública en el proceso penal contra los exmilitares José Guillermo García,… pic.twitter.com/sk2Jn5sAVv
Crimen en Guerra ¿de lesa humanidad?
El 17 de marzo de 1982, en un contexto de Guerra Civil que afrontaba El Salvador entre 1980 y 1992, una patrulla militar tendió una emboscada en las cercanías de La Loma, Cantón Piedras Gordas, jurisdicción de Santa Rita, Chalatenango, donde fueron asesinados los periodistas de nacionalidad holandesa Koos Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Wilemsen. Según el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, la emboscada “fue planeada con anterioridad por el coronel Mario Reyes Mena, comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, con el conocimiento de otros oficiales” y “fue consecuencia de una estrategia orientada a desincentivar la cobertura mediática de la guerra” .
Aquellas muertes se enmarcaron en un patrón generalizado de “violaciones a la libertad de expresión”, y de acuerdo a estimaciones del informe de la ONU, durante la guerra civil hubo aproximadamente 75,000 homicidios de civiles y combatientes, así como alrededor de 15,000 desapariciones forzadas .
En ese mismo informe, se consignó que el coronel Reyes Mena —quien, por entonces, ocupaba el mando de la Cuarta Brigada— “decidió ejecutar la acción violenta contra el equipo periodístico, coordinando a oficiales bajo su mando para tal efecto”, lo que configuró un crimen calificado como lesa humanidad, toda vez que se cometió contra una población civil indefensa en el marco de un conflicto armado interno.
La ejecución de los 4 periodistas holandeses generó una conmoción, especialmente entre sus familiares, quienes han mantenido un reclamo constante de verdad y justicia. Gert Kuipier, hermano de Jan Kuipier, afirmó en rueda de prensa: “Quiero reconocimiento de lo que ha pasado; que se reconozca que fue una emboscada y que fueron asesinados con intención, no hablo de dinero, lo fundamental es la verdad” . Por su parte, Sonja Ter Laag, hermana de Hans Ter Laag, denunció la “poca voluntad” del Estado salvadoreño para avanzar en las investigaciones, lamentando que “a 40 años de los asesinatos, los responsables aún no afrontan condenas efectivas” .
El homicidio se tipificó como crimen de lesa humanidad debido a que cumplió con los elementos de un ataque sistemático en el marco de un conflicto armado interno, dirigido contra población civil desarmada, con avanzado conocimiento de los superiores jerárquicos. Según consta en las resoluciones de la CSJ, los cuatro periodistas fueron identificados como civiles y, pese a ello, fueron emboscados y asesinados de manera premeditada, sin que mediaran acciones bélicas que los justificaran.
En la audiencia de primera instancia, el tribunal sostuvo que “la acción no obedeció a confrontación armada, sino a un plan de coartar la libertad de prensa y frenar la difusión de información” . El informe de la Comisión de la Verdad de la ONU ratificó que “existió plena evidencia de la participación de oficiales de alto rango en la cadena de mando que orquestó la emboscada” .
En declaraciones emitidas a la prensa, Saskia Ter Laag señaló que “hace 39 años mi hermano tenía 25 años; 39 años después, los asesinos siguen en libertad” . Estas voces familiares han sido acompañadas por organizaciones protectoras de derechos humanos, como la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y la Fundación Comunicándonos, que representan a víctimas y familiares en el proceso penal.
Proceso judicial contra los exmilitares
El caso se ventiló inicialmente en el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, Chalatenango, bajo el expediente PN 11/1982. El 6 de mayo de 2021, la CSJ, en su sesión del expediente 32-S-2021, ordenó remitir la solicitud de asistencia jurídica planteada por la jueza de primera instancia a la oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de obtener información probatoria sobre las indagaciones de la Comisión de la Verdad referentes al asesinato de los periodistas holandeses. La CSJ fundamentó su competencia en los artículos 182, atribución 3.ª y 193, ordinal 3.º, de la Constitución de la República, así como en el artículo 35, número 5, del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, para emitir dicha resolución.
En audiencia de vista pública, el tribunal valoró elementos periciales del Instituto de Medicina Legal que confirmaron el estado de salud de los acusados, evidenciado en que los generales José Guillermo García y Francisco Antonio Morán no comparecieron a la vista por encontrarse hospitalizados, mientras que al general Mario Adalberto Reyes Mena se le notificó de un proceso de deportación pendiente . Tras analizar el cúmulo probatorio, el jurado determinó la culpabilidad de Morán, Reyes Mena y García por el delito de asesinato en perjuicio de los cuatro periodistas holandeses, aplicando el Código Penal de 1973-1974 vigente en la fecha del hecho.
En la sentencia de primera instancia, se impuso la pena mínima de 15 años de prisión para cada uno de los tres imputados principales, atendiendo a sus delicadas condiciones de salud, y se ordenó al Estado salvadoreño ofrecer una disculpa pública a los familiares de las víctimas.
Les negaron la ex-carcelación
Tras dictar la sentencia condenatoria, los oficiales solicitaron medidas alternas a la detención basadas en el artículo 250 del Código Procesal Penal de 1973/74 (ya derogado). Sin embargo, el juzgado precisó que, al tratarse de un homicidio múltiple que afectó a cuatro víctimas, “se excede el límite máximo de tres años de prisión para la procedencia de la excarcelación”, en los términos del artículo 252 del citado cuerpo legal. En consecuencia, declaró “NO HA LUGAR” a la petición de excarcelación a favor de Francisco Antonio Morán Reyes y José Guillermo García, y rechazó igualmente cualquier medida sustitutiva de la detención provisional prevista en el artículo 253 de ese mismo código.
El abogado Pedro Cruz, representante de ASDEHU y asesor de los familiares de las víctimas, respaldó la decisión del juzgado, señalando que “no se suelen otorgar medidas alternas a la detención a quienes son acusados de homicidio múltiple; deberán permanecer detenidos mientras continúa la etapa de instrucción” . La organización Víctimas Demandantes (Vidas) también expresó su conformidad con la resolución, al recordar que “la mayoría de los 75 mil homicidios registrados al término de la guerra fueron cometidos por miembros de la Fuerza Armada” y que los acusados “actuaron con total impunidad durante décadas” .
El recurso de apelación interpuesto por la defensa fue conocido por la Sala de Segunda Instancia de Dulce Nombre de María, con asiento en Ahuachapán. El tribunal de alzada examinó las pruebas valoradas en primera instancia, entre ellas los testimonios de sobrevivientes, los informes periciales y los documentos de la Comisión de la Verdad de la ONU, para determinar si existían vicios procesales o insuficiencia de fundamentos jurídicos. Tras el detalle de las actuaciones, la Sala ratificó la sentencia de 15 años de prisión contra los generales Francisco Antonio Morán y Mario Adalberto Reyes Mena, así como la imputación de José Guillermo García y Rafael Flores Lima en “comisión por omisión” . Con esta confirmación, la resolución alcanzó firmeza dentro de la jurisdicción nacional, cumpliendo con los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal de 1973/74 y la ley penal aplicable al momento de los hechos.
Organizaciones denunciaron el retardo de la justicia
En sus boletines de prensa y en escritos remitidos a la CSJ, la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) ha insistido en que “la prórroga de la investigación y el prolongar la etapa de instrucción representan 43 años de impunidad para los responsables”, advirtiendo que “cada dilación vulnera los derechos fundamentales de las víctimas y sus familiares a la verdad y la justicia”. En un comunicado fechado el 25 de octubre de 2022, ASDEHU declaró: “No podemos tolerar que los responsables de estos crímenes sigan gozando de privilegios mientras nuestras peticiones de justicia se eternizan. Esta prórroga es una afrenta a la memoria de los periodistas asesinados” .
Asimismo, el licenciado Pedro Cruz, en representación de ASDEHU, subrayó que “la CSJ debe priorizar la celeridad procesal en casos de lesa humanidad para evitar las consecuencias de la impunidad estructural que ha marcado a nuestro país” .
#4Tulipanes?| A las 7:34 p.m., después de 10 horas de audiencia, tres Altos Mandos de la Fuerza Armada fueron declarados culpables del asesinato de los 4 periodistas holandeses.
— F_Comunicandonos (@FComunicandonos) June 4, 2025
También fue condenado el Estado salvadoreño por retardo de justicia de más de 43 años en el caso. pic.twitter.com/XlKYmLK5Fw
Por su parte, la Fundación Comunicándonos, que funge como vocera de los familiares y promueve la protección de periodistas, emitió el 26 de octubre de 2022 un comunicado en el que califica la prórroga de “insostenible desde el punto de vista ético y jurídico, puesto que contraviene los principios de justicia transicional”. Oscar Pérez, director de la Fundación Comunicándonos, expresó: “Esta decisión alarga la agonía de las familias y socava la confianza ciudadana en el sistema judicial. Exigimos que la CSJ cumpla con su mandato de justicia pronta y cumplida” . La Fundación subrayó que, tras 40 años de los asesinatos, “no podemos permitir que 43 años de impunidad se conviertan en 44, 45 o 50. La justicia es urgente” .
De acuerdo con las organizaciones, el homicidio contra los cuatro periodistas constituye un precedente que ilustra “la negación absoluta del derecho a la libertad de expresión y a la vida” durante la guerra civil, periodo en el cual se documentaron más de 13,569 masacres y abusos mortales, de los cuales al menos 32 fueron consideradas como “ejemplarizantes”, según el Informe de la Comisión de la Verdad.
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